El Ministerio Público de Valence ha rechazado formalmente incluir el agravante de racismo en el asesinato de Thomas Perotto, el joven de 16 años apuñalado mortalmente durante el baile de invierno de Crépol (Francia) en noviembre de 2023, pese a que los jueces de instrucción sí la retuvieron y a que múltiples testigos declararon haber oído a los agresores frases como «estamos aquí para plantar blancos», «matar franceses» o «reventar a los pequeños blancos».
En su dictamen definitivo, notificado el 17 de agosto de 2026, el ministerio mantiene la posición que ya había expresado en junio: los testimonios que aluden a motivaciones racistas antiblancas o antifrancesas son «muy minoritarios, variables e imprecisos, incluso contradictorios», y ninguno permite atribuir de manera precisa esos comentarios a alguno de los 14 imputados. Por ello, el ministerio público considera que no está demostrada la comisión de los hechos «en razón de la pertenencia de las víctimas a la raza blanca y a la nación francesa».
Esta postura choca directamente con la decisión de los jueces de instrucción, que a finales de julio de 2026 recalificaron las imputaciones para incluir el agravante de racismo. Los magistrados se basaron en una decena de declaraciones —algunas fuentes hablan de dieciséis— en las que se recogían insultos y amenazas dirigidas específicamente contra los «blancos» y los «franceses» durante la pelea generalizada que estalló a la salida de la sala de fiestas.
Los hechos se remontan a la madrugada del 18 al 19 de noviembre de 2023, cuando un grupo de jóvenes procedentes en su mayoría del barrio de La Monnaie, en Romans-sur-Isère, se enfrentó a participantes locales del baile. Thomas Perotto recibió una puñalada en el corazón y falleció camino del hospital; otros dos jóvenes sufrieron intentos de homicidio. Catorce personas, varias de ellas menores en el momento de los hechos, fueron puestas en examen por asesinato y tentativas de asesinato.
El ministerio, no obstante, insiste en que la violencia no puede calificarse jurídicamente como motivada por el odio racial o nacional. A cambio, solicita a los jueces que retengan el agravante de concomitancia —el hecho de que se produjeran tentativas de asesinato contra otras dos personas al mismo tiempo—, lo que elevaría las penas máximas posibles. La defensa de las partes civiles ha criticado duramente esta negativa, argumentando que restar importancia a los testimonios antiblancos equivale a restar valor a la realidad de los hechos.
La decisión final sobre el envío a juicio y la calificación definitiva de los cargos corresponde ahora a los jueces de instrucción, una vez que todas las partes hayan formulado sus observaciones. El caso, que desde el principio generó una fuerte polémica política y mediática en Francia, vuelve así a poner en el centro del debate la cuestión del reconocimiento judicial del racismo antiblanco.
