Grecia da un paso firme en la defensa de su soberanía. El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha aprobado una enmienda legal que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para los inmigrantes que permanezcan ilegalmente en territorio heleno tras haber recibido una resolución negativa en su solicitud de asilo.
El ministro de Migración, Thanos Plevris, fue claro desde Copenhague, donde participaba en una reunión informal del Consejo de ministros del Interior de la UE: «Si tu solicitud de asilo es rechazada y no regresas a tu país, eso es un delito penal y te enfrentas a prisión». Y añadió sin ambages: «Si estás en nuestro país ilegalmente, tienes dos opciones: prisión o regresar».
La medida llega en un contexto de incremento desbordante de llegadas ilegales, especialmente a la isla de Creta, que ya ha recibido en lo que va de 2025 a más de 10.000 inmigrantes, duplicando la cifra de todo el año anterior.
El pasado domingo, 247 inmigrantes africanos que arribaron ilegalmente a Creta fueron arrestados y trasladados a centros de detención cerrados. Allí permanecerán retenidos hasta su deportación. El propio Plevris lo confirmó a través de su cuenta oficial en la red X.
Ante esta situación, el Gobierno griego activó el pasado 11 de julio su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar una enmienda que impide solicitar asilo a los inmigrantes que entren de forma irregular desde el norte de África, habilitando su detención inmediata y posterior expulsión.
Mientras ACNUR y el Consejo de Europa critican la nueva normativa, acusando al Gobierno heleno de violar el «derecho internacional» al asilo, la Comisión Europea ha salido en su defensa, calificando la situación en Creta de «excepcional».
Pese a las presiones, el ministro Plevris considera que el mensaje debe ser claro en toda Europa: «Si entras ilegalmente o tu solicitud ha sido rechazada, no tienes ningún derecho a quedarte en Europa». Por eso, ha pedido al bloque comunitario reforzar su apoyo a los países de origen que acepten repatriaciones y seguir el ejemplo de Grecia.
El proyecto de ley definitivo será presentado ante el Parlamento el próximo mes, aunque ya cuenta con los votos necesarios gracias a la mayoría absoluta del partido Nueva Democracia. El texto prevé convertir en delito penal la estancia ilegal posterior al rechazo de una solicitud de asilo, con penas de prisión de hasta cinco años.
