Las autoridades griegas han puesto en marcha una operación a gran escala para identificar, clausurar y desmantelar todas las mezquitas ilegales que operan en el municipio de Atenas, muchas de ellas instaladas en sótanos, garajes, almacenes o pisos sin ningún tipo de autorización ni condiciones mínimas de seguridad. La ofensiva incluye, además, la revocación automática de permisos de residencia y la deportación de los extranjeros que las gestionan.

La medida fue confirmada esta semana por el ministro de Inmigración y Asilo, Thanos Plevris, durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria en la que se debatía un nuevo proyecto de ley sobre inmigración legal. El mensaje del Ejecutivo fue inequívoco: el Estado griego no tolerará estructuras religiosas paralelas que operen al margen de la ley ni redes que utilicen la cobertura del culto para eludir los controles administrativos y de seguridad.

El detonante inmediato de la operación ha sido un reciente caso en el barrio ateniense de Agios Nikolaos, donde un ciudadano bangladesí vio revocado su permiso legal de residencia tras descubrirse que dirigía mezquitas sin licencia. La policía procedió al precinto del local y el responsable fue condenado a prisión por operar una mezquita ilegal. Según advirtió el ministro, «lo ocurrido en Agios Nikolaos ocurrirá en todas partes», dejando claro que no se trata de una actuación aislada sino de una política sistemática.

Desde el Ministerio de Inmigración y Asilo se ha confirmado que ya existe coordinación con otras autoridades competentes para activar procedimientos sumarios que permitan retirar de forma inmediata los permisos de residencia a quienes incumplan la legislación griega. Plevris subrayó que cualquier extranjero que viole la ley será expulsado automáticamente del país, sin margen para interpretaciones laxas ni excepciones administrativas.

Las estimaciones oficiales apuntan a que en Atenas siguen funcionando alrededor de 60 lugares de mezquitas ilegales, muchos de ellos en condiciones insalubres, sin ventilación adecuada, sin baños y sin cumplir las normas básicas de seguridad. Estos espacios, ocultos en bajos, viviendas particulares o naves industriales, se han multiplicado durante años ante la pasividad institucional y el crecimiento descontrolado de determinadas comunidades migrantes.

La ofensiva del Gobierno griego marca un punto de inflexión en la gestión del fenómeno migratorio y religioso en la capital, y se inscribe en una estrategia más amplia de recuperación del control estatal, aplicación estricta de la ley y defensa del orden público frente a estructuras paralelas que desafían abiertamente la soberanía nacional.