El Gobierno de Italia ha aprobado un proyecto que endurece las penas para las personas vinculadas al tráfico de emigrantes y refugiados, con castigos de hasta 30 años de cárcel en el caso de que fallezcan varias personas, como respuesta a la consternación provocada por el naufragio frente a las costas de Calabria que dejó más de 70 fallecidos.
Tras este naufragio, el Ejecutivo de Giorgia Meloni ha endurecido su discurso contra los flujos migratorios, con apelaciones directas a la Unión Europea. En lo que va de año, casi 16.000 personas han llegado a las costas italianas, según datos del Ministerio del Interior, y otras 285 han perdido la vida por el camino, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El Gobierno, que ha trasladado este jueves su Consejo de Ministros a Cutro, cerca del lugar de la última tragedia, aspira a tomar medidas para frenar las llegadas irregulares, fomentando también los centros donde permanecen recluidos los emigrantes antes de su deportación.
Entre las medidas contempladas en el nuevo texto, figuran favorecer la llegada de extranjeros de países que promuevan campañas contra la inmigración irregular y el establecimiento de cuotas en función de las necesidades del mercado laboral italiano, algo que la propia Meloni ya planteó recientemente en una carta a instituciones de la UE.
Gran parte de las medidas giran en torno a un endurecimiento de los castigos contra las mafias que promueven el tráfico de pateras. En el caso de que fallezcan al menos dos personas, el Gobierno propone penas privativas de libertad de entre 20 y 30 años, mientras que en el caso de un único fallecimiento la horquilla baja a entre 15 y 24, según la cadena Rai.
En Cutro, se ha activado este jueves un amplio dispositivo de seguridad para preparar la llegada del gabinete en pleno, criticado por la oposición y por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por sus mensajes contra los emigrantes y las ONG de rescate.
