El proyecto de ley tiene como objetivo, así, anular el Acta de Comunidades Europeas de 1972, por la que se autorizó el ingreso de Gran Bretaña en la entonces Comunidad Económica Europea
La estructura legal para facilitar la salida de Reino Unido de la Unión Europea continúa construyéndose. De este modo, la Cámara de los Comunes ha aprobado esta madrugada la tramitación del proyecto de ley de retirada de la Unión Europea; un proyecto de ley que, de entrar finalmente en vigor, pondrá fin a la preeminencia de la legislación comunitaria sobre la de Reino Unido una vez que el país se retire del bloque europeo en 2019.
El proyecto de ley tiene como objetivo, así, anular el Acta de Comunidades Europeas de 1972, por la que se autorizó el ingreso de Gran Bretaña en la entonces Comunidad Económica Europea. Una anulación que tendrá como resultado la conversión de las leyes de origen europeo en británicas con afán de evitar un vacío legal.
Se trata, en cierto modo, de un instrumento encaminado a prevenir situaciones de incertidumbre. No en vano, desde Reino Unido se concibe el proyecto de ley – motejado como ‘Ley de la Gran Derogación – como un apoyo para evitar que el país se suma en el caos en caso de que abandone la Unión en 2019 sin antes haber cerrado un acuerdo con la Comisión Europea.
Un triunfo (relativo) para el Partido Conservador
La votación respecto a este proyecto de ley se ha saldado con un resultado de 326 votos a favor y 290 en contra. A los votos de parlamentarios del Partido Conservador, que es la formación política que gobierna hogaño Reino Unido y que no goza de mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, hemos de sumarle diez del norirlandés Partido Democrático Unionista y siete procedentes de la oposición laborista.
Inmediatamente después de que se haya conocido el resultado de la votación parlamentaria, la primera ministra británica, Theresa May, ha mostrado un sincero alborozo. De esta manera, ha tildado de ‘histórica’ la decisión de la Cámara de Comunes; una decisión que, de acuerdo con ella, no hace sino respaldar la ‘voluntad del pueblo británico’ y que aportará ‘certidumbre y claridad’ ante el Brexit.
En cualquier caso, May, consciente de que aún son ingentes los pasos que deben andarse para que la salida de la Unión se consume con cierta seguridad, ha querido expresar cierta cautela: ‘Aunque todavía hay más que hacer, esta decisión significa que podemos continuar las negociaciones con Bruselas con cimientos sólidos’.
Durante el debate parlamentario, el ministro británico para la salida de la Unión, David Davis, ha abundado en lo aseverado por May; así, ha alegado que oponerse a la Ley de la Gran Derogación supone abogar por una salida caótica de la Unión Europea. ‘Los británicos no votaron a favor de la confusión en 2016 y el Parlamento tampoco debe hacerlo’, ha manifestado Davis con indisimulada rotundidad.
Las negociaciones con Bruselas
A fines del mes de agosto tenía lugar la tercera ronda de negociaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido; una ronda en la que no se produjeron avances notables y en la que se evidenció la casi inexistente sintonía de los equipos de ambas partes. De este modo, los únicos progresos significativos se dieron en materias residuales tales como los derechos de los trabajadores fronterizos y la cuestión de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Tras esta tercera ronda de negociaciones, el ministro británico para la salida de la Unión, David Davis, demandó mayor ‘flexibilidad e imaginación’ y el jefe del equipo negociador de la UE, Michel Barnier, manifestó falta de confianza en que Reino Unido y Bruselas alcancen un acuerdo antes de que se produzca la salida del país de la organización supranacional, prevista para el 29 de marzo.
Ante este escenario de incertidumbre, la aprobación de la Ley de la Gran Derogación se antoja indispensable.
