La Comisión Europea ha admitido que las vacunas contra el coronavirus se administraron a la población sin suficientes datos de seguridad, ya que en el momento de su aprobación no existía un expediente científico completo. Bruselas ha explicado que las primeras autorizaciones fueron de carácter condicional, un mecanismo extraordinario diseñado para emergencias sanitarias como la pandemia, que permite distribuir medicamentos mientras se recaba más información clínica.
El reconocimiento aparece en la respuesta oficial enviada a finales de agosto al eurodiputado austriaco Gerald Hauser, del FPÖ, quien había denunciado que los ciudadanos europeos nunca fueron informados de que la eficacia y los posibles efectos a largo plazo de las vacunas de ARNm aún no estaban demostrados. En el Acuerdo de Compra Anticipada que la Comisión firmó el 20 de noviembre de 2020 con BioNTech y Pfizer ya se advertía expresamente que los Estados miembros aceptaban «el desconocimiento de los efectos a largo plazo y de la eficacia de la vacuna, así como la posibilidad de efectos secundarios aún no detectados».
Según el Ejecutivo comunitario, la aprobación de este tipo de productos requiere «estrictas medidas de control» posteriores, y sólo puede concederse si las agencias concluyen que los beneficios inmediatos superan los riesgos potenciales. Sin embargo, Hauser reprochó que esta práctica convirtió a millones de europeos “en sujetos de prueba involuntarios”.
El debate no se limita al Viejo Continente. En Estados Unidos, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha sacudido las estructuras sanitarias al remodelar los órganos de decisión vinculados a la inmunización. En junio destituyó a los 17 miembros con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), alegando conflictos de interés y la necesidad de recuperar la confianza en las políticas de vacunación. El comité fue reconstituido con especialistas más críticos hacia las tecnologías de ARNm.
A partir de ahora, este renovado panel científico evaluará los datos de seguridad de las vacunas contra la COVID-19 y emitirá nuevas recomendaciones junto a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Entre las primeras medidas, Kennedy retiró la recomendación de vacunar a niños sanos y a mujeres embarazadas, además de endurecer los criterios para la aprobación de futuras vacunas contra el virus.
La polémica creció la semana pasada cuando trascendió que la FDA presentará pruebas que vinculan al menos 25 muertes infantiles con la administración de dosis contra el coronavirus. Estos resultados se discutirán en una reunión del ACIP de los CDC, lo que podría reavivar la controversia sobre la seguridad de las vacunas y abrir un debate más amplio sobre la responsabilidad de las autoridades que promovieron su uso masivo en plena pandemia.
