Los puertos europeos han sufrido un duro golpe en su competitividad desde la entrada en vigor de la directiva ETS el 1 de enero de 2024.
La normativa, destinada a reducir las emisiones de CO2 en el transporte marítimo, ha impuesto cargas adicionales a las navieras que operan en la UE, mientras que los puertos extracomunitarios continúan funcionando sin restricciones similares. Esta situación ha provocado un éxodo del tráfico marítimo hacia infraestructuras portuarias de Marruecos, Egipto o el Reino Unido, dejando en desventaja a las terminales europeas.
El puerto de Algeciras registró una caída del 8% en el tráfico de contenedores durante el primer trimestre de 2024. En contraste, el puerto de Tánger Med, en Marruecos, aumentó su actividad un 12%, consolidándose como un destino atractivo para las navieras que buscan evitar los costes adicionales derivados del régimen ETS.
Fenómenos similares se han observado en otros enclaves extracomunitarios, como el puerto de Felixstowe en el Reino Unido y las terminales asiáticas de Singapur y Shanghái, que han absorbido parte del tráfico desviado desde la UE.
El impacto de la directiva ETS va más allá de la pérdida de tráfico marítimo, afectando la viabilidad económica de los puertos europeos y vulnerando principios fundamentales del derecho comunitario. La imposición de cargas económicas desiguales atenta contra el principio de no discriminación recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que penaliza a los puertos de la UE mientras deja a los extracomunitarios fuera del marco regulatorio.
Además, la falta de medidas de reciprocidad genera un impacto desproporcionado en la economía portuaria europea sin garantizar beneficios ambientales equivalentes, en clara contradicción con el principio de proporcionalidad del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Esta situación ha permitido que los puertos de terceros países ofrezcan condiciones más ventajosas a las navieras, lo que distorsiona el equilibrio del mercado y fomenta la competencia desleal.
A pesar del daño económico que está causando la directiva ETS, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha bloqueado un debate urgente sobre sus consecuencias. El Partido Popular y el Partido Socialista han rechazado abordar el problema, impidiendo la posibilidad de analizar los efectos negativos de la normativa y de buscar soluciones inmediatas.
Patriotas por Europa ha denunciado que la directiva no sólo supone un ataque a la soberanía económica de la UE, sino que también compromete la seguridad de las rutas comerciales estratégicas.
