La Comisión Europea (CE) ha cerrado las fronteras a las entradas de carne de vacuno y de aves de corral procedentes de Brasil después de detectar deficiencias en el cumplimiento de los requisitos sanitarios comunitarios. La decisión llega apenas cuatro meses después de la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que entró en vigor el pasado 1 de mayo a la espera de que se resuelva definitivamente su situación jurídica.

Bruselas considera que Brasil no ha aportado garantías suficientes para acreditar que determinados productos ganaderos respetan las exigencias europeas, especialmente en lo relativo al empleo de antibióticos en la producción animal. La suspensión afecta también a otros alimentos, como huevos y miel, aunque las autoridades comunitarias mantienen conversaciones con el país sudamericano para solventar las irregularidades detectadas y permitir que las exportaciones puedan retomarse cuando se certifique el cumplimiento de las normas.

La decisión adquiere especial relevancia por el fuerte crecimiento de las importaciones brasileñas durante el último ejercicio. Los datos de la propia Comisión reflejan que las compras europeas de carne bovina procedente de Brasil pasaron de 87.603 toneladas en 2024 a 119.779 en 2025, un incremento del 36,7% que ha reforzado al gigante sudamericano como uno de los grandes suministradores extracomunitarios.

El sector ganadero europeo ha aprovechado la suspensión para volver a cuestionar la gestión realizada por Bruselas con el pacto de Mercosur. Organizaciones de productores e industria consideran que la Comisión se precipitó al permitir su aplicación provisional cuando todavía existían interrogantes sobre la capacidad de Brasil para ajustarse a algunas de las exigencias comunitarias. Trece entidades de la cadena cárnica han celebrado el cierre, aunque reclaman controles más amplios que no se limiten únicamente a la utilización de antimicrobianos.

La controversia se produce mientras el propio acuerdo continúa bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Parlamento Europeo frenó su aprobación el pasado 21 de enero y remitió el pacto a la justicia comunitaria para determinar su compatibilidad con el ordenamiento europeo. Pese a ello, la Comisión decidió avanzar con su puesta en marcha provisional desde mayo.

En España, Unión de Uniones (UdU) sostiene que las consecuencias comerciales ya se están percibiendo en las lonjas. Según la organización agraria, las cotizaciones habrían registrado descensos de entre un 10% y un 13% respecto a los niveles anteriores a la aplicación provisional. El sindicato denuncia que determinados operadores estarían utilizando el nuevo escenario importador para presionar a la baja los precios pagados a los productores.

La suspensión permanecerá condicionada ahora a las comprobaciones de las autoridades europeas. En el caso de los productos avícolas, una auditoría podría permitir recuperar las importaciones en las próximas semanas si Brasil subsana las deficiencias. Para el vacuno, sin embargo, los plazos podrían ser más largos debido a los propios ciclos de producción. El sector europeo reclama que las inspecciones sean exhaustivas y que no se vuelva a autorizar la entrada de mercancías hasta garantizar que cumplen las mismas exigencias sanitarias aplicadas a los productores comunitarios.