Un estudio alerta del golpe a la competitividad europea
Ursula von der Leyen. Redes sociales
Por LGI
15 de septiembre de 2026
La creciente carga regulatoria de la Unión Europea amenaza con convertirse en otro lastre para una economía continental que lleva años perdiendo competitividad frente a Estados Unidos y Asia. Cinco nuevas normas comunitarias podrían provocar pérdidas de hasta 159.000 millones de euros anuales de PIB y poner en riesgo alrededor de 419.000 empleos cada año entre 2026 y 2030, según un estudio del European Policy Innovation Council (EPIC).
El informe, titulado The Hidden Cost of EU Regulation, analiza el impacto económico que tendría una aplicación especialmente restrictiva de cinco grandes expedientes regulatorios actualmente en marcha en Bruselas.
Las cifras no constituyen una previsión inevitable sobre el resultado final de las normas, sino una modelización del coste que tendría el escenario más restrictivo frente a alternativas más proporcionadas y escalonadas.
El estudio advierte de que las prioridades políticas de Bruselas pueden terminar imponiéndose sobre la competitividad industrial, elevando costes, retrasando inversiones y aumentando la incertidumbre para las empresas.
EPIC sostiene que uno de los principales problemas de la política comunitaria es precisamente que grandes decisiones regulatorias se adoptan sin tener suficientemente en cuenta la estructura de los mercados afectados, sus interdependencias y las consecuencias económicas acumuladas.
159.000 millones menos de PIB y 36.000 millones de inversión perdida
El informe analiza cinco ámbitos en los que Bruselas prepara o aplica nuevas regulaciones: la Directiva sobre Productos del Tabaco, la inteligencia artificial, los envases y residuos de envases, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y las autorizaciones de biotecnología y nuevos alimentos.
En el escenario regulatorio más restrictivo, estas cinco políticas provocarían conjuntamente 159.000 millones de euros de pérdidas anuales de PIB, pondrían en riesgo una media de 419.000 empleos al año y generarían un déficit de inversión de otros 36.000 millones anuales.
La diferencia entre una regulación rígida y otra más proporcional es enorme. EPIC calcula que, con normas mejor diseñadas y una aplicación gradual, las pérdidas de PIB podrían reducirse hasta unos 33.000 millones de euros anuales y los empleos en riesgo hasta aproximadamente 178.000.
Es decir, un enfoque menos intervencionista permitiría preservar alrededor de 125.000 millones de euros adicionales de PIB, 241.000 puestos de trabajo y 28.000 millones de inversión cada año respecto al escenario más restrictivo.
Tabaco, carbono, envases e inteligencia artificial
La revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco aparece como el expediente con mayor impacto potencial. EPIC calcula que una regulación especialmente restrictiva podría generar 48.000 millones de euros de pérdidas anuales de PIB, poner en riesgo 120.000 empleos y reducir la inversión en unos 11.000 millones.
El estudio sostiene que una regulación que diferencie los productos en función de su riesgo —en lugar de aplicar el mismo tratamiento al tabaco convencional, los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado— produciría resultados económicos muy diferentes.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono podría provocar, bajo el escenario más duro, pérdidas de otros 44.000 millones de euros anuales y poner en riesgo 118.000 puestos de trabajo.
La normativa de envases supondría otros 42.000 millones de pérdidas y 112.000 empleos en riesgo, mientras que la regulación de inteligencia artificial podría restar 24.000 millones al PIB y afectar a 62.000 puestos de trabajo. Por último, los retrasos regulatorios sobre biotecnología y nuevos alimentos tendrían un impacto estimado de 1.600 millones de euros y casi 6.800 empleos cada año.
Mercosur, el coche de combustión y la PAC como precedente
El estudio no se limita a las próximas normas comunitarias. También analiza tres expedientes que considera ejemplos de una mala planificación regulatoria: el acuerdo con Mercosur, la prohibición de los vehículos de combustión y la Política Agraria Común (PAC).
EPIC estima que las fricciones derivadas de estas tres políticas ya suponen un coste aproximado de 63.000 millones de euros anuales, equivalente al 0,35% del PIB de la Unión Europea.
En el caso del acuerdo con Mercosur, el informe critica que Bruselas utilizara evaluaciones distributivas elaboradas hacía más de 15 años, dejando sin responder durante buena parte del proceso las consecuencias que tendría para el campo europeo.
La presión posterior obligó a plantear ayudas adicionales y cláusulas de salvaguardia para los agricultores, mientras la incertidumbre jurídica sigue amenazando inversiones. También señala la política contra los vehículos de combustión como un ejemplo de regulación aprobada antes de evaluar plenamente todas sus consecuencias económicas.
Según sus cálculos, el sector del automóvil ha perdido unos 30.000 millones de euros anuales de valor económico desde la puesta en marcha del programa Fit for 55, además de dejar de recibir aproximadamente 6.600 millones en inversiones. Respecto a la PAC, EPIC calcula que sus ineficiencias en la asignación de recursos provocan pérdidas cercanas a 27.000 millones de euros anuales.
La incertidumbre de Bruselas también cuesta dinero
El informe advierte de que el problema no reside únicamente en las normas concretas, sino también en la permanente incertidumbre regulatoria que generan las instituciones comunitarias. Las empresas deben tomar decisiones de inversión sin saber con certeza qué obligaciones tendrán que cumplir, cuándo entrarán en vigor o si Bruselas terminará modificándolas después.
EPIC cita precisamente la prohibición de los motores de combustión para 2035. Las reglas fueron posteriormente modificadas, pero los fabricantes ya habían adoptado decisiones multimillonarias de inversión basándose en el marco anterior.
El resultado es que las compañías pueden acabar pagando por inversiones realizadas para adaptarse a normas que posteriormente cambian.
Frente a este modelo, el centro de estudios propone una estrategia que denomina «Stability-by-Design»: reglas previsibles, análisis de sus consecuencias distributivas antes de aprobarlas y evaluaciones del impacto conjunto de las diferentes regulaciones.
El informe no propone abandonar los objetivos ambientales, sanitarios o tecnológicos de la UE, sino evitar que esos objetivos se persigan ignorando sus consecuencias sobre el empleo, la inversión y la competitividad industrial.