El incremento masivo de inmigración ilegal que llega a la península se ha agravado en 2023, obligando al Gobierno y a las comunidades autónomas a negociar cómo reubicar en el país a los miles de menas que siguen arribando, colapsando los recursos disponibles en las islas.
Las cifras reflejan claramente esta situación: en 2023, alrededor de 40.000 personas llegaron de manera ilegal al archipiélago, representando el 66% del total en España. Desde enero hasta mayo de 2024, se ha registrado la llegada de 18.000 inmigrantes, un aumento del 303% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se estima que al finalizar el año, podrían haber llegado a las islas unos 70.000 inmigrantes.
Ante esta situación, las capacidades de atención en Canarias se han visto desbordadas, lo que ha obligado al Gobierno a trasladar a estas personas a diferentes puntos de la península. Sin embargo, los costos de estos traslados y alojamientos son difíciles de precisar, pese a que han sido solicitados en numerosas ocasiones.
El Consejo de Transparencia emitió la resolución 2024-0617 el 7 de junio, requiriendo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra Elma Saiz, que proporcionara información sobre la gestión de esta crisis. Tras meses de silencio, se ha obtenido algunos detalles, aunque de manera limitada y sin una explicación clara sobre los costos de estos traslados ni sobre la coordinación con las comunidades autónomas.
En la resolución, firmada por Amapola Blasco, directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, el Gobierno reconoce que la gestión de estos traslados se ha realizado de manera casi unilateral, aunque afirma que existe una «coordinación fluida» entre los diferentes departamentos y administraciones.
El documento también debería haber explicado las medidas de planificación adoptadas para las futuras llegadas de inmigrantes, pero lo único que se ha mencionado es un «seguimiento diario de las llegadas y la ocupación de las plazas del programa de atención humanitaria», lo que evidencia una falta de un plan definido y una respuesta más bien improvisada ante la emergencia.
Otra cuestión pendiente es la identificación de las localidades a las que han sido trasladados los inmigrantes, y la falta de detalles sobre los criterios utilizados para elegir los lugares de alojamiento. El Ministerio ha eludido esta información, argumentando que las localidades de traslado son aquellas donde las entidades disponen de plazas de acogida, y que los traslados pueden ser reajustados en función de las necesidades de los migrantes.
En este contexto, España ha asumido en 2023 el 20% del total de la inmigración ilegal de Europa, a pesar de representar solo el 10% de la población de la Unión Europea. Este aumento del 82% contrasta notablemente con la situación en Italia, donde el gobierno de Giorgia Meloni ha implementado el «Plan Mattei», logrando una reducción del 60% en las llegadas desde Túnez en el primer trimestre de 2024.
