Un tribunal de apelaciones de Reino Unido ha respaldado la ilegalización de Palestine Action y ha considerado que la decisión adoptada por el Gobierno británico fue «justificada» y «proporcionada».
Un panel formado por cinco magistrados revocó así la sentencia de una instancia inferior, que había declarado ilegal la prohibición impulsada por la entonces ministra del Interior Yvette Cooper al amparo de la Ley Antiterrorista del año 2000.
La resolución permite mantener a Palestine Action dentro de la lista de organizaciones proscritas y reactiva los procedimientos abiertos contra más de 700 personas acusadas en virtud del artículo 13 de la legislación antiterrorista. Ese precepto contempla penas de hasta seis meses de prisión para quienes manifiesten apoyo a una organización prohibida. Los casos habían quedado suspendidos mientras se resolvía el recurso.
La presidenta de la judicatura de Inglaterra y Gales, Sue Carr, sostuvo durante la lectura del fallo que era «un error fundamental» ignorar que Palestine Action «promueve abiertamente la violencia ilegal que equivale a terrorismo».
La magistrada rechazó que pueda equipararse al movimiento con organizaciones tradicionales de protesta o desobediencia civil. «No es, como se afirma, un grupo de protesta de acción directa comparable a las sufragistas, que opera de forma transparente y abierta», afirmó.
Carr describió a Palestine Action como una organización clandestina articulada mediante células secretas para evitar la identificación y el procesamiento de quienes dañaban bienes o causaban lesiones. Según el tribunal, sus objetivos no se limitaban a expresar rechazo político contra Israel, sino que incluían paralizar compañías que operaban legalmente en Reino Unido.
Entre ellas figuraban empresas vinculadas a infraestructuras estratégicas, defensa nacional, apoyo a Ucrania, la OTAN y la alianza de inteligencia de los Cinco Ojos, integrada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
La sentencia destaca especialmente las acciones de Palestine Action contra la compañía israelí de defensa Elbit Systems y otras empresas radicadas legalmente en territorio británico. Los magistrados subrayaron que el grupo buscaba causar daños materiales y ejercer presión mediante acciones clandestinas, no organizar protestas pacíficas y transparentes.
El tribunal tuvo en cuenta además el temor generado entre trabajadores y personal de seguridad de las instalaciones atacadas. Algunos empleados declararon temer por su integridad ante el uso de fuegos artificiales, bombas de humo y otros artefactos durante las incursiones.
Carr concluyó que la finalidad y los métodos de Palestine Action no podían considerarse compatibles con una simple campaña de protesta política. Los abogados de Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, argumentaron que el Gobierno disponía de medidas menos restrictivas para limitar la actividad del grupo sin clasificarlo directamente como organización terrorista.
La defensa sostuvo que la prohibición afectaba de manera desproporcionada a la libertad de expresión y de protesta. Tras conocerse la sentencia, Ammori anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo británico y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Esto no es una derrota», afirmó en redes sociales.
La activista aseguró que Palestine Action había sido eficaz a la hora de obstaculizar a la industria armamentística israelí y acusó al Estado británico de priorizar al Gobierno de Israel frente a sus propios ciudadanos. Palestine Action fue prohibida en julio de 2025 después de que varios de sus integrantes irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en Oxfordshire y dañaran dos aeronaves militares.
El grupo justificó la acción como respuesta al apoyo del Gobierno de Keir Starmer a Israel durante la ofensiva en Gaza. Cuatro activistas fueron además condenados por causar daños en una fábrica de Elbit Systems en Bristol y enfrentarse con guardias de seguridad y agentes durante una incursión ocurrida en agosto de 2024.
La ilegalización abrió un intenso debate en Reino Unido sobre los límites de la protesta política y el uso de la legislación antiterrorista.
