Un tribunal de apelaciones sueco ha revocado la orden de deportación contra Ahmed Ibrahim Ahmed, un ciudadano eritreo de 27 años con un largo historial delictivo, que permanecerá en el país pese a haber acumulado seis condenas penales y casi 200 incidentes violentos desde su llegada en 2018.
Ahmed llegó a Suecia como solicitante de asilo en diciembre de ese año, alegando persecución en su país por haberse convertido del islam al cristianismo. Desde entonces, ha sido condenado por agresiones, amenazas, abuso, resistencia a la autoridad y ataques reiterados contra funcionarios de prisiones y policías, en ocasiones utilizando orina y excrementos como arma.
Entre los episodios registrados, figuran agresiones a familiares por desacuerdos religiosos, amenazas con arma blanca a vecinos y múltiples ataques dentro de la prisión de alta seguridad de Kumla, donde —según los testimonios del personal penitenciario— protagonizaba incidentes casi cada vez que salía de su celda.
En marzo de 2025, Ahmed volvió a ser detenido tras amenazar a sus vecinos en Munkfors y agredir a los agentes que acudieron al lugar. Fue condenado a un año y ocho meses de prisión por amenazas, agresiones y resistencia violenta.
A raíz de su historial, el tribunal de distrito de Värmland había ordenado su deportación a Eritrea, considerando que representaba una amenaza grave para la seguridad pública. Sin embargo, el pasado martes 8 de julio, el Tribunal de Apelaciones de la región occidental de Suecia anuló la decisión, al considerar que sus delitos no alcanzaban el umbral legal de «excepcional gravedad» necesario para retirar el estatus de protección internacional.
El caso ha generado inquietud en sectores judiciales y políticos suecos, y se suma a una tendencia creciente en Europa donde las decisiones judiciales impiden la expulsión de migrantes condenados por delitos graves, incluso en contextos de reincidencia reiterada.
