Alternativa para Alemania (AfD) es el único partido que defiende priorizar a los nacionales en las prestaciones sociales, así como la deportación de los inmigrantes ilegales. Esta —sumando a su crecimiento en los sondeos, donde ha llegado a ser primera fuerza— es la razón por la que el establishment pretende ilegalizarles.

El partido soberanista ha denunciado que el «subsidio ciudadano» en Alemania «ha fracasado». «El 50% de sus beneficiarios son extranjeros. Cuesta 50.000 millones de euros anuales. ¿Sanciones para quienes se niegan a trabajar? No hay ninguna. Exigimos una renta básica activa con prestaciones en especie en lugar de dinero, normas claras y una contraprestación obligatoria», ha manifestado la formación a través de la red social X.

AfD también denuncia que cada vez más jóvenes extranjeros se niegan a estudiar, formarse o trabajar en Alemania. Entre ellos hay sirios, afganos y también ucranianos. «Quien no contribuya, debe irse», agrega. E insiste en denunciar la violencia de los extranjeros. El acoso, las peleas, las agresiones a niñas y mujeres. En Baviera, recuerda el partido, el 60% de los agresores son extranjeros, «y los sirios están significativamente sobrerrepresentados». «Es el resultado de una política migratoria irresponsable. Cualquiera que infrinja nuestras leyes debe ser deportado de inmediato».

Esta posición, apoyada por buena parte de los alemanes, aterra al sistema alemán, que gobierna en coalición. La Inteligencia de Alemania calificó a AfD como una organización «extremista» cuyos objetivos son «contrarios al orden democrático», aunque luego paralizó la consideración hasta que los tribunales resuelvan los recursos.

En este sentido, el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) celebrado a finales de junio decidió apoyar la tramitación de la ilegalización. El secretario general del SPD, Lars Klingbeil, resaltó que esta es una «tarea histórica para expulsarlos otra vez del Parlamento». «Según nuestra experiencia histórica, tenemos una Constitución que nos da las herramientas necesarias» y «es nuestro deber democrático utilizar estos instrumentos para proteger la Constitución», concluyó.