Una reciente encuesta realizada por el instituto de investigación INSA revela que el 84% de los alemanes cree que las personas se autocensuran por miedo a represalias. El estudio, que mide la percepción de los ciudadanos sobre la libertad de expresión en el país, también muestra que sólo un 9% considera que puede expresarse en libertad sin temor a consecuencias negativas. Los datos reflejan una preocupación generalizada sobre el estado del discurso democrático en Alemania, que se extiende a lo largo de todo el espectro político.
Lo más significativo del sondeo es que el sentimiento de censura no se limita a un solo bloque ideológico. Aunque es más acusado entre los votantes de Alternativa para Alemania (AfD), con un 92% que dice sentir que no puede expresarse libremente, también lo comparten el 77% de los simpatizantes del Partido Verde. Una muestra clara de que la preocupación atraviesa ideologías.
Pero no es sólo una cuestión de percepción. Más de la mitad de los participantes (54%) asegura haber vivido en primera persona situaciones en las que no pudo expresarse en libertad, seis puntos más que en la misma encuesta realizada hace ocho meses.
Entre los votantes de AfD, el partido soberanista al que los partidos tradicionales intentan ilegalizar por la vía judicial, el 76% se siente censurado. También un 69% de los seguidores de Bündnis Sahra Wagenknecht (izquierda nacionalista) y un 65% de los votantes de Die Linke, la extrema izquierda. Por contraste, los simpatizantes del SPD (42%) y los Verdes (41%) declaran sentirse menos limitados. En la centroderecha, CDU/CSU y FDP están divididos al 50%.
El debate, sin embargo, ya ha traspasado los márgenes estadísticos y ha entrado en la vida cotidiana de los alemanes, con casos que escandalizan por su carga simbólica. Es el caso de Stefan Niehoff, un jubilado cuya casa fue allanada por la policía tras compartir un meme que llamaba “imbécil profesional” al entonces ministro de Economía, Robert Habeck. Lo que antes hubiera sido un gesto irrelevante en redes sociales, hoy se convierte en objeto de persecución legal.
Para muchos, el caso Niehoff representa un punto de inflexión, una advertencia de que ciertas opiniones, sobre todo las conservadoras o críticas con el poder, ya no son toleradas ni siquiera como sátira o disidencia.
El fundador de INSA, Hermann Binkert, advierte de que el tema podría adquirir una dimensión política comparable a la crisis migratoria de 2015 o a la gestión del COVID-19. “La política, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto deberían tomar esto en serio”, señala.
Mientras tanto, Alemania se adentra en una peligrosa pendiente en la que el miedo sustituye al debate. Y cuando los ciudadanos tienen que callar para sobrevivir, la democracia deja de existir, aunque aún conserve su nombre.
