El globo de la ilegalización de los soberanistas de Alternativa para Alemania (AfD) parecía definitivamente desinflado.
AfD reaccionó a su clasificación como «partido extremista» (condición previa para su ilegalización) por parte del servicio alemán de inteligencia presentando inmediatamente una demanda ante el Tribunal Administrativo de Colonia contra la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), que terminó suspendiendo temporalmente su evaluación. AfD se ha convertido desde entonces en el primer partido de Alemania en intención de voto.
Pero el nuevo Gobierno de coalición bajo el canciller democristiano Friedrich Merz promete sorpresas. Su ministra de Justicia, Stefanie Hubig, del socialista SPD, es partidaria de mantener la presión sobre los soberanistas.
En declaraciones al Rheinische Post, asegura que una prohibición no debería ser «desestimada sólo por razones políticas». También desechó la preocupación de que la AfD pudiera «volver a presentarse como víctima» si se inician los procedimientos de prohibición.
Son mayoría los partidos del sistema que quieren prohibir la participación de los soberanistas en la vida política de Alemania, pero hay que aprobar primero la ilegalización en el Bundestag y luego en la cámara alta, el Bundesrat, que representa a los 16 estados federados. Luego pasaría al Tribunal Constitucional, el máximo tribunal alemán, que aún podría rechazar dicha prohibición por inconstitucional.
Hubig reconoce los obstáculos legales, incluso no descarta que la prohibición del principal partido en intención de voto destruya la democracia alemana, pero esto no disuade a la clase política. Para ella lo único que cuenta es determinar si AfD se opone sistemática y activamente al orden democrático libre y, en tal caso, «no debemos dudar».
