La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), encargada de combatir la corrupción en las instituciones europeas, ha decidido no investigar a Huawei pese a que la justicia belga asegura haber hallado indicios sólidos que justificarían una pesquisa formal. Esta resolución ha generado una fuerte controversia, especialmente porque se produce en pleno auge del escándalo conocido como el ‘Huaweigate’, que ha salpicado a varios eurodiputados con acusaciones de sobornos relacionados con la tecnológica china.
El director de OLAF, Ville Itälä, ha defendido su postura asegurando que la denuncia original, recibida en 2022, carecía de pruebas contundentes para iniciar actuaciones. Según afirma, de las más de 4.000 alertas que la agencia recibe anualmente, esta no cumplía con los umbrales mínimos exigidos. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las sospechas ni calmar las críticas, sobre todo en el contexto actual, donde la integridad de los organismos europeos está siendo puesta en entredicho.
Entre los señalados por la investigación que lideran las autoridades belgas se encuentran figuras relevantes del Parlamento Europeo, incluyendo representantes del Partido Popular Europeo (PPE) y de los Socialistas y Demócratas (S&D). Entre los nombres mencionados destacan el eurodiputado Fulvio Martusciello (PPE) y su asistente, Lucia Simeone, ambos bajo sospecha de haber recibido pagos ilegales. También está implicado Valerio Ottati, antiguo colaborador parlamentario, acusado de ser uno de los coordinadores del entramado corrupto.
La fiscalía de Bélgica sostiene que varios eurodiputados habrían aceptado sobornos a cambio de apoyar públicamente a Huawei, en particular mediante la firma de una carta dirigida a la Comisión Europea en 2021 que promovía el papel de la empresa en la expansión del 5G en el continente. Según los investigadores, los pagos se habrían realizado mediante facturas simuladas y cuentas bancarias en Portugal, incluyendo un pago cercano a los 15.000 euros para el autor principal del escrito, además de 1.500 euros para cada firmante adicional.
Mientras las pesquisas judiciales siguen su curso en Bruselas, diversas voces han cuestionado la aparente pasividad de OLAF. Transparencia Internacional, por ejemplo, afirma que la agencia antifraude fue informada directamente sobre el caso y que incluso se le ofreció ampliar la documentación disponible. Pese a ello, no se avanzó hacia una indagación formal. Esta pasividad ha reavivado viejas críticas sobre la falta de transparencia y la posible politización de sus decisiones.
El creciente descontento ha sido amplificado por figuras como Marine Le Pen, quien acusó recientemente a la OLAF de aplicar un doble rasero por intereses políticos. También la Fiscal General Europea, Laura Codruța Kövesi, ha lanzado reproches públicos a la institución, denunciando una colaboración ineficaz con la Fiscalía Europea (EPPO), especialmente en investigaciones sensibles de alto perfil como esta.
