La policía belga registró ayer jueves varias dependencias de la Comisión Europea dentro de una investigación vinculada a la operación mediante la cual el Estado belga adquirió en 2024 un conjunto de edificios pertenecientes a la institución comunitaria. Las actuaciones forman parte de una causa abierta por la Fiscalía Europea, el organismo independiente encargado de perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.
Según confirmó la propia oficina del fiscal europeo, se están llevando a cabo diligencias para recabar pruebas relacionadas con el caso, aunque evitó ofrecer más información para no interferir en el desarrollo del procedimiento. Las inspecciones se produjeron en distintas sedes comunitarias, incluido el departamento de presupuesto, tal y como adelantó inicialmente el Financial Times.
Desde la Comisión Europea señalaron que la investigación gira en torno a la venta de 23 inmuebles al Estado belga y defendieron que todo el proceso se realizó siguiendo los protocolos y normas establecidos. Un portavoz comunitario aseguró que la institución confía en que la operación se ajustó plenamente al marco legal vigente.
Bruselas también subrayó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y policiales. Según indicó el mismo portavoz, la Comisión facilitará toda la documentación y asistencia necesarias para garantizar que la investigación se desarrolle de manera independiente y completa, insistiendo en su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ahora no se han comunicado acusaciones formales ni detalles adicionales sobre posibles irregularidades, y la investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía Europea mientras se analizan las pruebas obtenidas durante los registros.
