Las autoridades de la Región de Bruselas-Capital han destruido el pasado fin de semana un total de 377 armas deportivas legales, entregadas voluntariamente por ciudadanos belgas. La operación ha sido organizada por la agencia de seguridad regional safe.brussels, en colaboración con los jefes de policía de las seis zonas de la ciudad y la empresa siderúrgica Aperam. El objetivo: enviar un mensaje simbólico. «No permitiremos que estas armas entren en el comercio ilegal», ha afirmado Sophie Lavaux, alta funcionaria metropolitana y responsable regional de gestión de crisis.
Aunque la medida se ha presentado como un gesto de «prevención» y «compromiso por la seguridad», los datos disponibles han demostrado que el verdadero problema de Bruselas no ha estado en las armas registradas, sino en el arsenal ilegal que han acumulado las bandas criminales. Estas organizaciones han actuado cada vez con mayor impunidad en barrios marcados por la inmigración masiva, la fragmentación social y el abandono institucional.
La destrucción de las armas se ha llevado a cabo en la planta industrial de Aperam Châtelet, en la provincia de Henao. Allí, los artefactos han sido fundidos bajo estricta supervisión policial. El proceso, según ha explicado Serge Dallenogare —director del centro—, ha consistido en retirar la munición y transformar los metales en acero líquido. «De esta manera, el proceso forma parte de una economía circular beneficiosa», ha indicado, en un claro intento de vincular la operación a los discursos ambientales que dominan el aparato político belga.
El protocolo que ha permitido esta destrucción ha sido firmado en mayo entre la Policía Federal, las seis zonas policiales de Bruselas y Lavaux. Desde entonces, se ha promocionado como parte de una estrategia regional contra el tráfico de drogas y la violencia urbana. Sin embargo, la realidad ha desmentido cualquier eficacia de esta iniciativa.
Según cifras del Registro Central de Armas, más de 6.600 personas poseen actualmente armas legalmente en Bruselas, la mayoría como tiradores deportivos. A nivel nacional, hay unos 150.000 propietarios legales. Desde la reforma legal de 2006, se ha exigido una licencia por cada arma, junto con inspecciones periódicas y justificación de uso.
Pese a este control estricto, la criminalidad armada ha seguido creciendo en la capital belga. El uso de armas por parte de grupos organizados se ha disparado en barrios donde el tejido comunitario se ha sustituido por clanes étnicos, redes de narcotráfico y mafias transnacionales.
«Los tiroteos que azotan nuestros barrios desde hace varios meses reflejan una terrible realidad: el número de armas de fuego en Bruselas está aumentando», ha reconocido la propia Lavaux. No obstante, las autoridades han centrado sus esfuerzos en los propietarios legales, mientras han ignorado a los verdaderos responsables de la violencia, que operan protegidos por una legislación laxa, una policía sin recursos y una fiscalía condicionada por la corrección política.
Esta destrucción de armas legales se ha justificado con el argumento de evitar que acaben en el mercado negro. Pero la premisa carece de base. Ningún informe ha establecido una relación significativa entre la tenencia legal y la criminalidad armada. En cambio, expertos en seguridad han advertido que desarmar a la población honrada ha facilitado el control de los barrios por parte de bandas violentas en zonas donde el Estado ha dejado de imponer su autoridad.
Tras los atentados islamistas de 2016, se ha registrado un aumento puntual en las solicitudes de licencias, alcanzando 772 nuevas en 2019. No obstante, tras la pandemia, las cifras han descendido: en 2024 se han emitido sólo 426 permisos. Muchos ciudadanos han renunciado a su derecho legítimo de defensa personal, ante el temor de ser criminalizados por un Estado que ha dejado de protegerles.
El debate político en Bélgica se ha enfocado peligrosamente en las armas, y no en los delincuentes. Mientras se han destruido rifles de tiro deportivo y escopetas de caza, las autoridades han tolerado la circulación de kaláshnikovs y pistolas en manos de clanes albaneses, chechenos o marroquíes que controlan zonas como Molenbeek, Anderlecht o Schaerbeek, donde ni siquiera la policía entra sin refuerzos.
Ese mismo fin de semana, mientras las autoridades celebraban la destrucción de armas legales, un joven ha resultado herido por disparos en el municipio de Molenbeek-Saint-Jean. El ataque ha dejado varios casquillos esparcidos en la vía pública. La víctima, de 21 años, ha sido hospitalizada y ha recibido el alta poco después. Los agresores han huido y siguen siendo buscados. La Fiscalía ha abierto una investigación por intento de asesinato.
