El Gobierno de Letonia ha dado un paso al frente contra la política migratoria impuesta por Bruselas. El Ejecutivo letón ha confirmado que rechaza el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que no continuará recibiendo inmigrantes redistribuidos y que no pagará las multas de hasta 20.000 euros por cada inmigrante rechazado previstas en el mecanismo de «solidaridad obligatoria» diseñado por la Comisión Europea.

La decisión supone un desafío directo a la arquitectura migratoria de la UE, que obliga a los Estados miembros a elegir entre acoger cuotas de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo o compensar económicamente a Bruselas por cada persona que se nieguen a recibir.

Desde Riga subrayan que Letonia ya soporta una presión migratoria excepcional en su frontera oriental, especialmente desde Bielorrusia, y que no aceptará nuevas imposiciones que comprometan su seguridad interna y su cohesión social.

Fuentes del Gobierno letón han dejado claro que por negarse a participar en el sistema de reubicación. La cifra fijada por Bruselas —20.000 euros por inmigrante rechazado— ha sido calificada en Letonia como un chantaje político que vulnera la soberanía nacional y convierte la inmigración en un negocio burocrático gestionado desde las instituciones europeas.

Letonia argumenta además que su contribución a la UE ya es sustancial, tanto en términos de seguridad —por su papel como frontera exterior frente a Rusia y Bielorrusia— como por su apoyo militar y humanitario a Ucrania, por lo que no acepta ser tratada como un Estado insolidario.

La posición de Letonia se suma a la creciente resistencia de varios países de Europa frente al Pacto Migratorio, un acuerdo que ha sido denunciado por convertir la inmigración masiva en una obligación legal y por castigar económicamente a los Estados que se niegan a aceptar inmigrantes.

Aunque la Comisión Europea insiste en que el sistema es «flexible», la negativa de Letonia evidencia que la imposición migratoria está fracturando aún más a la Unión, con gobiernos que empiezan a desobedecer abiertamente las directrices de Bruselas.