El Servicio Constitucional Federal de Austria ha dictaminado que la «fase de integración» prevista en el marco de los pagos de asistencia social no puede reservarse únicamente a solicitantes de asilo o beneficiarios de protección subsidiaria, sino que debe abarcar también a los propios ciudadanos austriacos. Esta interpretación, de gran calado político, ha abierto un profundo debate en el país y ha puesto en evidencia las diferencias dentro de la coalición gubernamental.
El fallo jurídico cuestiona la idea de vincular la obligación de realizar cursos de idioma y valores únicamente al estatus migratorio. En su declaración, el organismo advirtió que esa distinción no sería un criterio objetivo que justificara prestaciones sociales reducidas. Recordó además la sentencia de 2019 con la que el Tribunal Constitucional tumbó parte de una reforma previa en materia de seguridad social, insistiendo en que no se repitan los mismos errores.
La propuesta inicial planteaba que toda persona con capacidad de trabajar debería realizar hasta tres años de formación en alemán y en principios sociales antes de acceder a la totalidad de las ayudas. Mientras tanto, solo percibirían un subsidio reducido. Aunque el esquema se concibió para inmigrantes recién llegados, la oficina de la ministra de Asuntos Sociales, Korinna Schumann (SPÖ), ya había defendido semanas atrás que, por igualdad de trato, debía aplicarse también a nacionales.
El informe del Servicio Constitucional coincidió con esta visión del SPÖ, mientras que sus socios de coalición se apresuraron a rechazarla. La ministra de Integración, Claudia Plakolm (ÖVP), ridiculizó la posibilidad de que ciudadanos austriacos fueran obligados a acudir a cursos de alemán o de valores, calificando la idea de «absurda» y «contraproducente». A su juicio, las futuras normas europeas previstas para 2026 ya contemplan requisitos de integración específicos para inmigrantes, lo que haría innecesaria esta ampliación.
El partido liberal NEOS se sumó a la postura del ÖVP. Su portavoz parlamentario, Yannick Shetty, había criticado la propuesta incluso antes del pronunciamiento del Servicio Constitucional, calificándola de desproporcionada.
El dictamen subrayó, no obstante, que cualquier fase de integración debería aplicarse de manera proporcionada y flexible. No tendría por qué extenderse durante los tres años completos y, en muchos casos, los requisitos de idioma podrían ser menores dado que no todos los empleos exigen un dominio avanzado del alemán.
