El Gobierno federal de Alemania insiste en que no reconoce ni impulsa un supuesto «derecho internacional al aborto». Sin embargo, los datos oficiales revelan una realidad muy distinta: Berlín ha destinado decenas de millones de euros desde 2022 a organizaciones internacionales directamente vinculadas a la promoción del aborto en países de África, Asia y Oriente Medio.

La contradicción quedó al descubierto tras una respuesta parlamentaria del Ejecutivo alemán a una interpelación de la diputada de AfD Beatrix von Storch, en la que se detalla que la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) recibió 63 millones de euros entre 2022 y 2025 procedentes del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Estas transferencias se realizaron como aportaciones generales anuales —entre 15 y 17 millones por ejercicio— sin que el Gobierno estableciera un control específico sobre su destino final.

El Ejecutivo reconoció además que la IPPF ha transferido al menos 872.000 dólares a su organización afiliada en China desde 2022, la China Family Planning Association, una entidad heredera del sistema de control poblacional del régimen comunista. Aunque Berlín afirma rechazar los abortos forzados y las esterilizaciones obligatorias por considerarlos violaciones de derechos humanos, admite al mismo tiempo que no supervisa de forma sistemática las posiciones ideológicas ni las campañas políticas de las ONG que financia.

Junto a IPPF, otras organizaciones abortistas figuran entre las beneficiarias del dinero público alemán. MSI Reproductive Choices —antes conocida como Marie Stopes International— ha recibido más de 14 millones de euros entre 2021 y 2025 para proyectos en países como Yemen o Nigeria. También el Population Council cuenta con financiación alemana, incluyendo un programa de 10 millones de euros vigente entre 2023 y 2028 centrado en India y varias regiones de África.

A estas partidas se suma la Fundación Hirschfeld-Eddy, dedicada a la promoción internacional de la agenda LGBT, que recibió cerca de 950.000 euros entre 2020 y 2024, con nuevos pagos previstos de hasta 200.000 euros anuales en 2025 y 2026.

Von Storch ha denunciado la opacidad y la incoherencia del Ejecutivo alemán, y ha pedido a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que ponga fin a esta financiación. La diputada ha subrayado el contraste entre la actitud del actual canciller Friedrich Merz, que cuando estaba en la oposición presentó cientos de preguntas parlamentarias contra las ONG ideologizadas, y la postura de su Gobierno, que ahora defiende y perpetúa esas mismas políticas.

En la misma línea, el diputado de AfD Peter Felser acusó al Ejecutivo de traicionar sus principios. «El Gobierno de Merz está justificando hoy exactamente aquello que criticaba hace apenas unos meses. Es una renuncia total a sus compromisos y una claudicación ideológica en toda regla», afirmó.