Frente a los 800 euros que recibe un pensionista medio que ha trabajado toda su vida en Alemania, ya existen inmigrantes sin residencia que ingresan hasta 7.250 euros al mes. Es el caso de un ciudadano bosnio asentado desde hace años en Colonia, cuya situación ha vuelto a poner el foco en las dificultades del sistema para ejecutar expulsiones.
Según la información difundida por el diario alemán BILD, este hombre y su mujer perciben ayudas públicas junto a sus ocho hijos, lo que eleva los ingresos familiares por prestaciones a más de 87.000 euros anuales. Los adultos reciben algo más de 835 euros cada uno en concepto de manutención, mientras que las cuantías destinadas a los menores oscilan entre los 630 y los más de 800 euros mensuales, en función de la edad. Además, residen en un centro para solicitantes de asilo sin asumir costes de alquiler.
Este nivel de ayudas responde a que, tras años en el país, la familia ha pasado a beneficiarse de las denominadas prestaciones «análogas», un sistema que equipara su asistencia a la de la ayuda social ordinaria alemana. Desde el consistorio de Colonia explican que existen varios casos similares en la ciudad, con familias numerosas en situación comparable.
Sin embargo, el propio implicado rechaza estas cifras. En declaraciones al citado medio, negó estar recibiendo tal cantidad de dinero y restó importancia a su historial judicial, asegurando que su último delito se remonta a 2014. No obstante, fuentes de la fiscalía señalan que tenía previsto comparecer ante un tribunal en diciembre de 2025 por un presunto intento de estafa relacionado con tarjetas regalo en una cadena de farmacias, vista que finalmente fue aplazada.
La trayectoria de este individuo en Alemania se remonta a más de dos décadas. Llegó por primera vez en 2003 sin documentación y solicitó asilo, petición que fue rechazada al considerarse Bosnia-Herzegovina un país seguro. Pese a ello, logró permanecer en el país tras desaparecer temporalmente y regresar en 2007, iniciando entonces nuevos trámites administrativos que tampoco prosperaron.
A lo largo de los años, acumuló diversas incidencias con la justicia. Desde 2010 figura en registros policiales por diferentes fraudes, aunque esto no derivó en su expulsión. Paralelamente, estableció su vida familiar en Colonia, donde nacieron sus hijos.
Desde el Ayuntamiento evitan pronunciarse sobre este caso concreto, aunque recuerdan que la legislación contempla múltiples condicionantes que pueden impedir una deportación, especialmente cuando hay menores implicados. La protección del entorno familiar y el interés de los niños son factores determinantes que, en la práctica, complican la ejecución de estas medidas.
Así, pese a las resoluciones desfavorables en sus solicitudes de residencia y a su historial delictivo, este ciudadano ha conseguido mantenerse en Alemania durante más de veinte años, evidenciando las grietas de un sistema que, en determinadas circunstancias, prioriza la estabilidad familiar frente a la expulsión efectiva.
