Austria vuelve a ofrecer una radiografía representativa del colapso social que supone la inmigración masiva. En apenas cinco años, el número de menores sirios de menos de 14 años sospechosos de delitos se ha multiplicado por siete: de 150 en 2020 a 1.050 en 2024. Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el salto ha sido aún más grande: de 460 a 2.760 sospechosos.
Así, a finales de 2024, había 12.900 menores sospechosos de delitos en Austria, frente a los 6.900 que se registraban en 2020. Y mientras las estadísticas evidencian la fractura del modelo de acogida, los costes para los contribuyentes no paran de crecer.
Sólo en la capital, la asistencia psicológica para un único menor no acompañado con comportamiento sospechoso asciende a 603 euros al día. Más de 18.000 euros al mes por cabeza. Una cuantía mucho más alta que lo que cuesta una plaza en prisión (180 euros diarios) o una estancia hospitalaria estándar.
Según datos del propio Ayuntamiento de Viena, en la actualidad hay cinco menores bajo este tipo de atención «especializada», lo que dispara el gasto público hasta los 1,1 millones de euros anuales.
Mientras en estados como Baja y Alta Austria el coste por menor ronda los 90 y 130 euros al día, en Viena justifican el coste. El concejal socialdemócrata Peter Hacker insiste en que «también se obtiene algo por ese dinero», refiriéndose a instalaciones «súper especiales» para menores con problemas mentales.
Por su parte, el ministro del Interior, Gerhard Karner (del Partido Popular), ha anunciado que las medidas contra la inmigración ilegal han permitido cerrar 27 de los 35 centros de acogida federal, aliviando parte del peso económico. En Traiskirchen, uno de los principales centros de recepción, se ha pasado de 2.000 ilegales a menos de 400.
