La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la reforma de su política migratoria. Los Veintisiete han aprobado definitivamente la modificación que relaja las reglas sobre «países terceros seguros» y las «condiciones de retorno», con el objetivo explícito de agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo cuya petición sea denegada.

La medida supone un cambio de calado: ya no será obligatoria la «conexión» entre el inmigrante y el país al que sea devuelto, y se validan los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como el intento de Italia de trasladar solicitantes a Albania. Con ello, Bruselas allana el camino para que los Estados miembros puedan acelerar retornos y reducir los tiempos de tramitación, en un contexto de creciente presión migratoria sobre las fronteras exteriores, especialmente en enclaves como Ceuta y Canarias.

La reforma había recibido previamente el visto bueno del Parlamento Europeo y sólo faltaba la aprobación formal de los Estados. España votó en contra durante la negociación, cuestionando su efectividad y su compatibilidad con el respeto de los derechos fundamentales, pero la iniciativa ha salido adelante con el respaldo mayoritario.

Paralelamente, la UE ha adoptado una segunda reforma que crea por primera vez una lista europea común de «países de origen seguros». La finalidad es clara: acelerar el rechazo y retorno de nacionales cuya solicitud de asilo tenga escasas probabilidades de prosperar, al considerar Bruselas que sus países garantizan condiciones mínimas de seguridad.

La lista, que será dinámica y revisable, incluye ya a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de, en principio, todos los países candidatos a la adhesión, como Turquía. En estos casos, corresponderá al solicitante demostrar de forma individual que no puede ser devuelto por riesgo de persecución o daño grave.

Quedarán excluidos de la lista aquellos Estados candidatos en circunstancias concretas: violencia indiscriminada en conflictos armados, tasas de reconocimiento de asilo superiores al 20% en la UE o sanciones económicas vinculadas a vulneraciones graves de derechos y libertades. La Comisión Europea supervisará de forma continua la situación y podrá suspender temporalmente o eliminar de manera permanente a un país si cambian las condiciones.

Desde la presidencia de turno del Consejo, el responsable de Migración del Gobierno de Chipre, Nicholas Ioannides, ha defendido que las reformas «ayudarán a aumentar la rapidez y la coherencia de los procedimientos de asilo» y permitirán materializar el Pacto sobre Migración y Asilo antes de junio. Sin embargo, Hungría y Polonia ya han anunciado que no aplicarán el Pacto en sus términos actuales.