En las últimas semanas, Barcelona se ha convertido en un foco de atención para cientos de inmigrantes ilegales de origen paquistaní que acuden al consulado de su país en busca de documentación para regularizar su situación en España. Sin embargo, un incidente reciente revelado en exclusiva por fuentes de los Mossos d’Esquadra a LA GACETA pone de manifiesto cómo algunos grupos están recurriendo a tretas para impostar una residencia ficticia y beneficiarse del decreto de regularización masiva impulsado por el actual Gobierno.
El pasado jueves, un grupo de 13 inmigrantes ilegales pakistaníes fue detectado en el distrito del Eixample de Barcelona mientras intentaba denunciar la pérdida de documentos en una comisaría de los Mossos. Su objetivo era fingir una residencia en Hospitalet de Llobregat, donde vivía un familiar de uno de ellos, para allanar el camino hacia la regularización. Según las pesquisas policiales, estos individuos no habían residido nunca en España y provenían directamente de Portugal, donde habían sido asesorados por compatriotas sobre cómo explotar las facilidades del decreto español.
El plan era sencillo pero calculado: tras llegar a Barcelona, pretendían presentar una denuncia por pérdida de documentación en la Policía Nacional, que les ayudaría a «demostrar» una estancia previa en el país. «Nos advirtieron en Portugal que una denuncia por pérdida de documentos facilita el proceso de regularización, especialmente con el nuevo decreto», habrían confesado algunos de los implicados durante el interrogatorio, según relatan las fuentes consultadas. El familiar en Hospitalet, propietario de un negocio local, se había comprometido a respaldar la versión, confirmando la supuesta residencia si las autoridades verificaban el domicilio.
Sin embargo, la premura les jugó una mala pasada. En lugar de dirigirse a una comisaría de la Policía Nacional, optaron por una de los Mossos. Allí, los agentes requirieron la identificación y descubrieron en el pasaporte de uno de ellos tickets de autobús que delataban su reciente llegada desde Portugal. «Al verificar el pasaporte, encontramos billetes de autobús del día anterior, lo que confirmaba que no habían estado en España antes», explica un agente de los Mossos consultado por este medio. «Provenían de Lisboa, habían pasado por Madrid y Zaragoza, y su intención era impostar una residencia de al menos seis meses para cumplir con los requisitos del decreto».
La ruta seguida por el grupo ilustra un patrón emergente. Un viaje en autobús desde Lisboa hasta Madrid, seguido de traslados a Zaragoza y finalmente a Barcelona. Fuentes policiales sospechan que, una vez obtenida la denuncia, el siguiente paso habría sido falsificar un contrato laboral o algún otro documento con la ayuda del familiar en Hospitalet. «Hemos derivado todas las pesquisas a la autoridad competente para investigar posibles fraudes adicionales, como contratos ficticios respaldados por el negocio del primo», añaden desde los Mossos.
Este incidente se enmarca en un contexto más amplio. Desde la entrada en vigor del decreto de «regularización!, que busca integrar a miles de inmigrantes en situación ilegal, las colas en el consulado paquistaní de Barcelona no han cesado. Según datos recogidos por LA GACETA, cientos de personas acuden diariamente para obtener pasaportes o renovaciones que les permitan acceder al proceso. Pero casos como este cuestionan la efectividad de los controles y destacan los riesgos de una inmigración descontrolada, donde grupos organizados viajan expresamente para aprovechar lagunas legales.
El flujo desde Portugal —un país con una comunidad paquistaní consolidada— demuestra que el decreto actúa como un imán para quienes buscan atajos en Europa. «Si no se endurecen las verificaciones, estos intentos de fraude se multiplicarán», advierte el agente consultado, subrayando la necesidad de coordinación entre países para evitar abusos.
