El relato oficial sobre la inmigración como solución al sistema de pensiones empieza a resquebrajarse. En la próxima década, casi 400.000 trabajadores extranjeros comenzarán a jubilarse en España, incorporándose al sistema como perceptores de pensión tras años de cotización, según informa Libre Mercado.
Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, existen actualmente 391.656 afiliados extranjeros mayores de 54 años, lo que anticipa una oleada de jubilaciones inminente que impactará directamente en unas cuentas públicas ya tensionadas.
El fenómeno no es coyuntural, sino estructural. Tal y como advierte el economista Desiderio Romero-Jordán, una parte significativa de los más de 3,5 millones de inmigrantes llegados antes de 2010 generará derecho a pensión en las próximas dos décadas. Es decir, el sistema no sólo debe absorber a los jubilados nacionales, sino también a una creciente población extranjera que accede a las mismas prestaciones.
En total, España cuenta actualmente con 8,83 millones de personas nacidas en el extranjero, muchas de las cuales llegaron en edad laboral y ahora comienzan a aproximarse a la jubilación.
El problema de fondo es evidente: las pensiones ya son la mayor partida de gasto del Estado y el sistema lleva años mostrando signos de agotamiento. Las cotizaciones sociales no cubren el coste total, obligando al Gobierno a recurrir de forma creciente a transferencias y endeudamiento.
Lejos de aliviar esta presión, la evolución demográfica apunta en sentido contrario. A la jubilación masiva de trabajadores españoles se suma ahora la de la población inmigrante, en un contexto donde las pensiones iniciales son cada vez más elevadas.
El Ejecutivo ha intentado anticiparse con subidas de cotizaciones a través del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), pero diversos expertos coinciden en que estas medidas no serán suficientes para sostener el sistema.
Además, existe otro factor clave: el perfil laboral de buena parte de la inmigración. Con una presencia significativa en sectores de menor productividad y salarios más bajos, su capacidad de aportación al sistema es limitada, lo que dificulta equilibrar el coste futuro de sus pensiones.
