El sistema político suizo ha vuelto a poner en práctica la convocatoria de un referéndum en el que los votantes rechazaron una serie de medidas de gran alcance que habrían resultado en una subida de impuestos a las empresas y adoptar nuevas políticas verdes.
La propuesta fiscal presentada introducía una enmiende a la Ley de Pensiones, en virtud de la cual se habría introducido un recargo fiscal a cargo de las empresas. Este pago habría sido equivalente a pagar una cotización mensual extra cada año, lo que se reflejaba con una subida aproximada del 8%. En cambio, tras obtener solamente un 32,9% de los votos a favor, el gobierno suizo ha reconocido que la decisión del electorado obligará a adoptar medidas de contención del gasto en pensiones.
Por otro lado, las nuevas políticas verdes planteaban una serie de modificaciones orientadas a reforzar el poder, el gasto y la capacidad de actuación del sector público en el ámbito de la biodiversidad. La citada propuesta incluía una nueva línea de financiación pública que trataba de «pagar por no cultivar» como una forma de mantener estos paisajes al margen de la actividad del sector.
En este sentido, tras ya gastarse 630 millones de euros al año para «Proteger la biodiversidad de sus áreas más verdes», el 63% de los votantes se manifestaron en contra que la reforma que planteaba añadir 420 millones de euros para el erario público, un coste al que habría que sumar el impacto de las restricciones para negocios privados como la construcción, el turismo o el propio sector agrícola.
