Un total de 501 ciudadanos afganos han presentado demandas contra el Gobierno alemán después de que las autoridades revocaran compromisos previos que les permitían reasentarse en Alemania tras la toma del poder por los talibanes en 2021.
Las acciones judiciales se dirigen contra la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), que anuló promesas realizadas por el anterior Ejecutivo para permitir su traslado al país. El número de casos salió a la luz tras una pregunta parlamentaria presentada por el partido La Izquierda.
Pese a la presión judicial, el Ministerio del Interior alemán ha asegurado que no prevé modificar su política actual, según informaciones recogidas por medios alemanes. La mayoría de los demandantes afganos se encuentran actualmente en Pakistán, donde las autoridades han exigido a los ciudadanos afganos sin estatus legal permanente que abandonen el país.
Muchos de ellos habían recibido previamente promesas de reasentamiento en Alemania dentro de los programas impulsados tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021.
La situación se agravó en julio de 2025, cuando Pakistán comenzó a detener a afganos que esperaban ser trasladados a Alemania, después de que los procesos de verificación y concesión de visados por parte de Berlín se retrasaran durante meses.
En total, unos 2.500 afganos quedaron atrapados en un limbo legal en Islamabad, ya que las verificaciones de seguridad y los trámites administrativos superaron ampliamente la validez de los visados temporales otorgados por Pakistán.
Según informaciones publicadas el año pasado por el diario Bild, sólo uno de cada ocho afganos que llegaron a Alemania a través de programas especiales fue sometido a verificaciones de seguridad completas antes de entrar en el país. Más de 31.000 afganos, incluidos familiares, habrían llegado a territorio alemán sin que se hubieran completado todos los controles previos.
El Gobierno alemán ha defendido que la mayoría de los trasladados eran antiguos colaboradores locales del Ejército alemán durante su despliegue en Afganistán, aunque distintos informes apuntan a que sólo una pequeña parte de los pasajeros de los vuelos de evacuación pertenecían realmente a ese grupo.
A comienzos de este año también salió a la luz que el Ejecutivo alemán intentó reducir el número de demandas ofreciendo compensaciones económicas a algunos de los afectados para que renunciaran a sus solicitudes de reasentamiento. Según informaciones citadas por el semanario Die Zeit, alrededor de 700 personas recibieron ofertas de varios miles de euros a cambio de abandonar sus reclamaciones.
Sin embargo, sólo 167 aceptaron la propuesta, mientras que 357 la rechazaron, por lo que la mayoría de los afectados continúa a la espera de una decisión sobre su futuro.
