
Catorce organizaciones islámicas han presentado una denuncia penal contra el líder patriota holandés Geert Wilders, acusándole de «incitar al odio» por sus mensajes en defensa de la identidad y seguridad de los Países Bajos. La querella, coordinada por el lobby Muslim Rights Watch y otros grupos afines, sostiene que el presidente del Partido por la Libertad (PVV) «insulta a una comunidad, incita a la discriminación y provoca hostilidad social» por publicaciones recientes en redes sociales en las que advierte de los peligros del islam radical.
Entre ellas, una imagen que —según estos colectivos— muestra la contraposición entre la libertad europea y la opresión islamista. Los denunciantes incluso han llegado a comparar el mensaje con «propaganda nazi», en una maniobra que busca criminalizar cualquier crítica al islam político. La acción judicial ha sido presentada por los abogados Adem Çatbaş y Harun Raza en nombre de las catorce organizaciones, varias de ellas vinculadas a redes turcas y paquistaníes en Europa.
Wilders, que ganó las elecciones generales de 2023 convirtiendo al PVV en la primera fuerza política del país, ha construido su carrera defendiendo que el islam «no es una religión como las demás», sino “una ideología totalitaria” incompatible con las libertades occidentales. Ha propuesto cerrar mezquitas, prohibir el Corán y reforzar el control migratorio para frenar la llegada masiva de inmigrantes musulmanes.
Su discurso conecta con una parte creciente de la sociedad neerlandesa preocupada por la inseguridad, el auge de guetos urbanos y los ataques contra la libertad de expresión. En 2016 fue condenado por «discriminación» tras criticar la inmigración marroquí, y en 2018 canceló un concurso de caricaturas de Mahoma tras recibir amenazas de muerte.
Para Wilders y sus votantes, esta nueva ofensiva judicial no es más que otro intento de las élites multiculturalistas de silenciar la oposición a la islamización de Europa. El propio líder soberanista ha reiterado que «el islam no pertenece a los Países Bajos» y que defenderlo no es odio, sino proteger la libertad, la seguridad y la identidad de su nación. El caso se produce en un momento clave, tras la ruptura del PVV con la coalición de gobierno y en medio de las tensiones sobre la política migratoria.