El Gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, aprobó el pasado lunes 5 de agosto un proyecto de ley que busca limitar de forma considerable el acceso de menores de edad a tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La iniciativa, que aún deberá superar el trámite parlamentario, establece controles mucho más estrictos sobre el uso de bloqueadores hormonales y terapias de afirmación de género en adolescentes, con el argumento de salvaguardar su salud física y mental.
La medida contempla la creación de un sistema centralizado de supervisión médica a través de la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), que incluirá un registro nacional de personas en proceso de transición. Este registro recopilará historiales clínicos detallados y permitirá un seguimiento estrecho del uso de medicamentos utilizados en estos tratamientos. Hasta que se definan los nuevos protocolos clínicos por parte del Ministerio de Salud, cualquier intervención médica de este tipo deberá recibir el visto bueno de un comité nacional de pediatras especializados en bioética.
Desde el Ejecutivo se ha justificado la legislación señalando la necesidad de contar con datos fiables y de aplicar mecanismos de vigilancia eficaces. «Se trata de proteger a los menores y de garantizar que las decisiones sobre su salud se tomen con el máximo rigor científico y ético», ha declarado el gobierno tras la reunión del gabinete.
Esta reforma legal llega en un contexto de creciente debate sobre la atención médica a personas transgénero en Europa. Un estudio reciente, publicado a principios de este año en Italia, arrojó datos preocupantes sobre el bienestar psicológico de quienes se someten a terapias de transición: más del 50% de los encuestados manifestaron sufrir ansiedad o depresión, y quienes se identificaban como “no binarios” presentaban índices de salud aún más deteriorados que los pacientes que se definen dentro del binarismo de género.
La primera ministra Meloni ha sido una crítica declarada de lo que denomina «la ideología de género» y ha defendido de forma reiterada una visión conservadora de la familia y el rol de la infancia. Desde su llegada al poder hace casi tres años, su coalición ha impulsado reformas orientadas a restringir el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo como progenitores, desatando intensas polémicas con los sectores progresistas del país.
Como era de esperar, varias organizaciones LGBTI y colectivos afines han reaccionado con firme oposición, acusando al gobierno de impulsar políticas discriminatorias. Sin embargo, dada la cómoda mayoría parlamentaria de la coalición oficialista y su unidad en torno a estos valores, todo indica que la propuesta avanzará sin mayores obstáculos.
Si finalmente entra en vigor, esta legislación representará un giro drástico en el modelo de atención médica para menores trans en Italia y acentuará las tensiones entre el Estado y los defensores de los llamados «derechos de género», en una Europa cada vez más dividida sobre estos temas.
