La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, está preparando una nueva normativa para emitir pulseras electrónicas para cada inmigrante ilegal que llegue a Italia, permitiendo así a las fuerzas de seguridad monitorizar sus movimientos y localizarlos con facilidad en caso de que sus solicitudes de asilo sean denegadas. Según informan medios italianos, el gobierno ya adquirió cien mil de estos dispositivos el pasado verano.
Esta medida forma parte de un plan que Italia mantiene con Albania para revisar el protocolo del sistema migratorio, en un intento por esquivar los fallos judiciales que han bloqueado previamente la detención de inmigrantes en centros de recepción en el extranjero. En lugar de esperar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de estos centros, el gobierno italiano planea transformar las instalaciones en Albania en centros de repatriación exclusivos para aquellos inmigrantes que ya cuenten con una orden de deportación.
La decisión de Meloni surge tras varios reveses judiciales en Italia. El Tribunal Civil y el Tribunal de Apelaciones de Roma, con una composición que el gobierno considera influenciada por la «Magistratura Democrática», han anulado en tres ocasiones la implementación del protocolo con Albania. Los jueces argumentaron que los países de origen de los inmigrantes, como Egipto y Bangladesh, no eran seguros para personas LGBT, pese a que ninguno de los afectados afirmó pertenecer a dicha comunidad, complicando así su repatriación.
El conflicto también ha afectado en el terreno político. En Italia, la situación se percibe como un choque entre el poder judicial y los líderes políticos elegidos democráticamente. El ministro de Asuntos Europeos, Tommaso Foti, aseguró que «numerosos estados de la UE respaldan nuestra posición sobre la transferencia de inmigrantes ilegales a terceros países, desmontando la narrativa de la izquierda que tacha esta política de absurda y contraria a las normativas europeas».
Por su parte, la subsecretaria Augusta Montaruli insistió en que el protocolo con Albania seguirá adelante. «Este acuerdo está marcando un precedente en Europa, con varios estados miembros adoptando la postura italiana, incluyendo el respaldo explícito de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes del último Consejo Europeo», declaró. «Como gobierno, no cederemos en nuestra lucha contra la inmigración ilegal y continuaremos con la línea de acción que hemos trazado. La tolerancia ha llegado a su fin».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene previsto emitir un dictamen preliminar sobre el asunto a finales de este mes, antes de pronunciarse de forma definitiva en julio.
