El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto para endurecer las normas de integración en las escuelas que contempla multas de entre 200 y 1.000 euros a determinados padres extranjeros que se nieguen a realizar cursos gratuitos de italiano cuando su desconocimiento del idioma perjudique gravemente la integración y el rendimiento escolar de sus hijos.
La reforma, aprobada este jueves por el Consejo de Ministros, establece además un límite del 30% para determinados alumnos extranjeros en las clases de nueva formación, con el objetivo declarado por el Ejecutivo de evitar la aparición de aulas segregadas y garantizar un conocimiento suficiente de la lengua italiana.
«Son instrumentos de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases gueto y ofreciendo a todos los estudiantes las mismas oportunidades», ha defendido Meloni. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ha señalado que el propósito central de la medida es convertir el conocimiento del italiano en una condición efectiva para la integración escolar, según recoge ABC.
Cuando un alumno presente un grave retraso educativo relacionado también con el desconocimiento del idioma por parte de su familia, los servicios sociales podrán establecer un programa personalizado que incluya cursos gratuitos de italiano para sus padres. Si estos no realizan la formación prevista, podrán enfrentarse a una sanción administrativa de entre 200 y 1.000 euros.
El decreto introduce igualmente la prohibición de participar en actividades escolares con el rostro cubierto sin una justificación sanitaria o de seguridad. La medida afecta directamente al burka y al nicab, prendas islámicas que impiden identificar completamente el rostro, aunque jurídicamente la prohibición se extiende a cualquier forma injustificada de ocultarlo.
Las infracciones estarán castigadas con multas de entre 200 y 1.000 euros. Cuando quien lleve el rostro cubierto sea menor de edad, la sanción recaerá sobre sus padres. La prohibición se aplicará tanto durante las clases como en actividades extracurriculares y encuentros entre las familias y los centros educativos.
Otro de los principales cambios será la introducción de un techo del 30% de determinados estudiantes extranjeros en las clases de primer curso.
En Primaria, el límite afectará a los alumnos sin ciudadanía italiana que no hayan nacido en el país o que no hayan cursado al menos dos años de Educación Infantil en Italia. En Secundaria, se aplicará a quienes no hayan completado satisfactoriamente al menos tres años dentro del sistema educativo italiano.
La medida, por tanto, no establece simplemente una cuota basada en la nacionalidad, sino que incorpora como criterio la escolarización previa y la capacidad de integración lingüística. Cuando no exista un centro cercano capaz de absorber a los alumnos que excedan el límite, se contemplarán excepciones y ayudas adicionales para reforzar la enseñanza del italiano.
El Gobierno destinará además 17,5 millones de euros a mejorar la enseñanza lingüística en los colegios que no puedan cumplir el porcentaje previsto. En Italia existen actualmente alrededor de 34.000 clases en las que los alumnos extranjeros superan el 30%, aunque no todas quedarían afectadas por las nuevas normas debido a los criterios establecidos en el decreto.
El vicepresidente italiano, Matteo Salvini, ha defendido el plan argumentando que el problema no reside en «la nacionalidad, la religión o el color de la piel», sino en las dificultades educativas que pueden aparecer cuando un elevado número de estudiantes no domina el idioma.
Meloni sostiene que la reforma pretende avanzar hacia una escuela que «integre sin renunciar a las reglas» y ha situado el dominio del italiano como uno de los pilares de su política de integración.
La oposición sindical y algunas asociaciones de directores escolares han criticado, en cambio, la reforma y la han calificado de propagandística o difícil de aplicar.