El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado en Italia una reforma educativa destinada a reforzar el control de los padres sobre los contenidos que reciben sus hijos en las escuelas en materia de sexualidad e identidad de género. La medida supone uno de los mayores golpes políticos contra la ideología de género aprobados por un Gobierno relevante de Europa occidental en los últimos años.

La ley, impulsada por el Ejecutivo italiano, recibió la aprobación definitiva del Senado el pasado 4 de junio, con 78 votos a favor y 38 en contra. A partir de ahora, los centros educativos deberán obtener el consentimiento informado de los padres antes de que los alumnos participen en programas relacionados con sexualidad, relaciones afectivas o identidad de género.

La norma también obliga a los colegios a entregar a las familias información detallada sobre el contenido de las clases, los materiales didácticos y las organizaciones externas que puedan intervenir en esas actividades con al menos siete días de antelación.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ha celebrado la aprobación de la reforma como una «victoria para las familias y los derechos de los padres». A su juicio, los colegios no deben exponer a los menores a cuestiones ideológicas sensibles sin conocimiento y autorización de sus familias.

Tras la votación, Valditara sostuvo que la ley protegerá a los menores frente a «la confusión de la propaganda de género» y reafirmará el principio constitucional de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.

La reforma no elimina la educación sexual. Según el Gobierno italiano, la enseñanza sobre el sexo biológico continuará dentro del currículo, igual que los contenidos relativos al respeto mutuo, las relaciones afectivas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

El núcleo de la ley está en otro punto: garantizar transparencia, consentimiento y supervisión parental cuando los programas entren en materias ligadas a la sexualidad, la afectividad o las cuestiones de género.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia de la coalición de derechas de Meloni para frenar la penetración de la ideología de género en la escuela y en las instituciones públicas. Organizaciones conservadoras han celebrado la ley como una corrección necesaria frente al creciente papel de grupos activistas en la formación de menores sin aprobación expresa de las familias.

Como era previsible, los colectivos LGBT y los partidos progresistas han reaccionado contra la reforma. Las organizaciones de izquierda sostienen que la norma podría desincentivar a los colegios a ofrecer programas de educación sexual y limitar las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género.

El Partido Democrático, de izquierda, ha defendido que las escuelas deberían ampliar, no restringir, este tipo de contenidos. La Alianza Verde-Izquierda, por su parte, ha acusado al Gobierno de debilitar la misión educativa de la escuela pública.