Los gobiernos de 11 países europeos han responsabilizado directamente a la Unión Europea (UE) de dificultar su preparación militar ante una hipotética agresión rusa, debido a las normativas ambientales impuestas desde Bruselas. Así lo han expresado en una carta filtrada a The Telegraph, en la que los ministros de Defensa firmantes denuncian que las reglas comunitarias están impidiendo, entre otras cosas, la expansión de bases militares y el entrenamiento de pilotos de combate.
El escrito, dirigido al comisario de Defensa Andrius Kubilius, advierte de que la legislación actual de la UE «impide que las fuerzas armadas de los Estados miembros lleven a cabo las actividades necesarias para estar operativamente preparadas». Según los firmantes —entre ellos, los gobiernos de Alemania, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Chequia—, las trabas provienen de la normativa sobre contratación pública, conservación de la naturaleza, protección del medioambiente y, en general, de la excesiva carga burocrática derivada del marco legal europeo.
En 2023, la Comisión Europea publicó su informe Greening the Armies, donde se instaba a los ejércitos a reducir su huella de carbono, incluso recomendando que sustituyeran entrenamientos reales por simulaciones virtuales. Esta línea ecologista ha provocado choques directos con las necesidades de los Estados, que denuncian que directivas sobre hábitats naturales, aves silvestres o residuos están paralizando proyectos claves para la defensa.
Un caso reciente, también revelado por The Telegraph, muestra cómo la apertura de la segunda fábrica de TNT militar en la UE —fundamental para la producción de munición de artillería, minas y granadas— ha quedado bloqueada por requisitos medioambientales en Suecia.
Los ministros han reclamado que cualquier nueva legislación europea sea evaluada previamente por su impacto en la reestructuración militar del continente antes de ser aprobada. «Hacer que el marco legal de la UE sea adecuado para este tiempo, especialmente en ámbitos no específicamente relacionados con la Defensa, es una pieza clave del rompecabezas de la preparación», concluyen en su misiva.
La propia Comisión Europea se ha marcado el objetivo de que la UE esté preparada ante una ofensiva rusa en un plazo de cinco años. El plan contempla un gasto de hasta 800.000 millones de euros en Defensa, financiado en parte mediante deuda conjunta y una relajación de las normas fiscales. Sin embargo, pese a haber prometido aliviar las barreras normativas, Bruselas aún no ha dado pasos significativos en esa dirección.
