Países Bajos es el país más permisivo del mundo en la práctica de la eutanasia y, tras aprobar que los menores de 12 años pudieran optar a ella, ha dado un paso más en la lucha contra la vida. Lejos de moderar sus políticas, el país avanza hacia una legalización aún más amplia del suicidio asistido, incluso para personas mayores que no padecen enfermedades terminales.
Este Viernes Santo, la Fundación Neerlandesa por una Muerte Voluntaria (NVVE) organizó un encuentro público para debatir un proyecto de ley que permitiría a mayores de 75 años solicitar la eutanasia sin necesidad de justificar una condición médica grave. La iniciativa, impulsada por el partido liberal progresista D66, responde a una antigua demanda ciudadana respaldada en su día por más de 100.000 firmas.
Mientras tanto, los números siguen en aumento. Sólo en 2024, la eutanasia representó el 5,8% del total de muertes registradas en el país. Se contabilizaron 9.958 fallecimientos por esta vía, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior y marca el nivel más alto desde que la legislación que regula esta práctica entró en vigor en 2002.
La ley neerlandesa ya contempla escenarios tan polémicos como la aplicación de la eutanasia a niños menores de 12 años que padezcan sufrimientos considerados insoportables e irreversibles. Esta modificación legal, aprobada en 2023, afecta anualmente a un reducido grupo —entre cinco y diez menores, según las autoridades—, pero plantea dilemas éticos que han generado controversia tanto dentro como fuera del país.
A pesar de esta ya amplia permisividad, un sector de la población, especialmente personas mayores, reclama ir más allá. Actualmente, se estima que unos 10.000 ciudadanos de más de 55 años sin enfermedades terminales desean poner fin a su vida y piden que el Estado facilite este procedimiento, aunque legalmente sólo se contempla cuando hay un sufrimiento persistente, sin esperanza de mejora ni opciones de alivio razonables.
De hecho, alrededor de 400 casos en 2024 fueron aprobados bajo el criterio de «acumulación de dolencias geriátricas». En muchos de estos, los solicitantes sufrían afecciones comunes en la vejez como la artritis, la incontinencia o el deterioro funcional general, circunstancias que no suelen considerarse mortales, pero que afectan la calidad de vida y han sido utilizadas como argumento para pedir el acceso a la eutanasia.