El grupo europeo Patriotas por Europa (PfE) ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para proporcionar una supervisión elegida democráticamente de la corrupción y otros abusos que, según denuncian, afectan a las instituciones de la Unión Europea. La propuesta apunta a una falta sistémica de transparencia y rendición de cuentas en Bruselas, agravada por recientes escándalos de alto nivel y por un demoledor informe del Tribunal de Cuentas Europeo que acusa a la propia UE de incumplir de forma reiterada sus normas internas de control.
Denominada Comité de Investigación sobre Transparencia y Responsabilidad (TRAC, por sus siglas en inglés), esta comisión especial tendría un mandato inicial de 12 meses —renovable si fuera necesario— y estaría facultada para investigar delitos como sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias, violaciones al Estado de derecho y manipulación del proceso legislativo dentro del entramado comunitario. El documento oficial, de seis páginas y enviado a representantes de todos los grupos políticos del Parlamento, describe el TRAC como una especie de «Doge de la UE», encargado de fiscalizar el poder sin ser juez ni parte.
Entre los focos prioritarios del comité estaría el análisis de varios casos que han sacudido la credibilidad europea: desde las presuntas injerencias extranjeras como el Qatargate y el Huaweigate, hasta la polémica contratación de vacunas contra la covid-19 —conocida como Pfizergate—, así como supuestas irregularidades en el llamado Pacto Verde o el control de comunicaciones digitales. También se revisaría el fenómeno de las «puertas giratorias» entre altos cargos comunitarios y lobbies corporativos, con el objetivo de identificar conflictos de interés y sus consecuencias presupuestarias para el conjunto de la UE.
La comisión tendría amplios poderes: podría solicitar documentos clasificados, citar a declarar tanto a funcionarios actuales como retirados, colaborar con autoridades nacionales y agencias internacionales, e incluso organizar audiencias públicas y misiones de investigación. El resultado final se plasmaría en un informe detallado que incluiría recomendaciones legislativas concretas, dirigido al pleno del Parlamento y a las comisiones permanentes correspondientes.
En cuanto a su composición, los Patriotas proponen que el TRAC cuente con 38 miembros, distribuidos según la representación de cada grupo político. Eso daría 10 escaños al Partido Popular Europeo (PPE), 7 a los socialistas del S&D, 5 al propio PfE, 4 a los conservadores del ECR y a los liberales de Renew, 3 a los Verdes, 2 a La Izquierda y 1 al grupo soberanista ESN, dejando dos sillas para los eurodiputados no adscritos. Esta estructura, sin embargo, dejaría a los grupos más críticos en clara minoría, con solo 10 miembros frente a al menos 26 alineados con la actual mayoría parlamentaria.
Desde PfE alertan de que, precisamente porque los principales grupos implicados en casos recientes de corrupción forman parte de esa mayoría —como el PPE en el escándalo Huaweigate o el S&D en el Qatargate—, es muy probable que bloqueen la puesta en marcha de este órgano. Además, señalan que ya se intentó un movimiento similar durante el caso Timmermansgate, relacionado con el Pacto Verde, y fracasó por falta de voluntad política.
