Reino Unido avanza hacia un nuevo escenario de control digital tras la aprobación, en la Cámara de los Lores, de una enmienda que abre la puerta a prohibir el uso de redes privadas virtuales (VPN) a menores de edad. La iniciativa fue respaldada por 207 votos frente a 159 y ha sido incorporada al proyecto de ley Children’s Wellbeing and Schools Bill, que ahora pasa a la Cámara de los Comunes para su debate y votación.
La enmienda obliga al Gobierno a reforzar el marco del Online Safety Act mediante la prohibición de servicios VPN a menores, bajo el argumento de que estas herramientas permiten eludir los sistemas de verificación de edad impuestos por el Estado. Aunque oficialmente la medida se limita a la protección infantil, juristas y defensores de las libertades digitales advierten de que el verdadero alcance del cambio podría ser mucho mayor.
La secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología, Liz Kendall, ha anunciado un periodo de consulta pública de tres meses para estudiar la aplicación de la medida, junto con la posibilidad de restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, siguiendo el precedente marcado por Australia a finales de 2025.
Las VPN permiten cifrar la navegación, ocultar la identidad del usuario y evitar la recopilación masiva de datos por parte de proveedores y terceros. Precisamente por ello, expertos en privacidad alertan de que una prohibición efectiva exigiría la identificación obligatoria mediante documentos oficiales para acceder a estos servicios, lo que supondría un golpe directo al anonimato en Internet y un precedente peligroso para el conjunto de la población.
El debate se produce en un contexto ya marcado por un endurecimiento legislativo sin precedentes. El Online Safety Act, aprobado en 2023, obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos considerados ofensivos bajo amenaza de sanciones económicas severas. Según datos publicados por The Times, en 2023 se produjeron más de 12.000 detenciones en el Reino Unido por mensajes en redes sociales, una media de 30 arrestos diarios, aplicando leyes anteriores como la Public Order Act y la Malicious Communications Act.
