El Gobierno de Ruanda ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional en La Haya contra Reino Unido, reclamando el pago de 100 millones de libras esterlinas (unos 115 millones de euros) por la cancelación unilateral del acuerdo migratorio que contemplaba el traslado de solicitantes de asilo desde territorio británico al país africano.
Según ha confirmado el Ejecutivo de Kigali, la demanda fue presentada el 24 de noviembre ante la Corte Permanente de Arbitraje, alegando impagos contractuales derivados de la anulación del denominado Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP), impulsado inicialmente por Londres y cancelado en 2024 tras la llegada al poder del actual primer ministro británico, Keir Starmer.
Ruanda sostiene que el acuerdo fue negociado a petición expresa del Reino Unido y que su objetivo era disuadir los flujos migratorios ilegales, frenar las peligrosas travesías y corregir desequilibrios estructurales de oportunidades económicas que alimentan la inmigración masiva. Kigali subraya que el pacto entró formalmente en vigor el 25 de abril de 2024, apenas semanas antes de que el nuevo Ejecutivo laborista procediera a su cancelación.
Según la versión ruandesa, la anulación se produjo sin notificación previa y vulnerando el espíritu de cooperación del acuerdo. Ese mismo día, Londres comunicó que no se realizarían más traslados de inmigrantes, y meses después solicitó a Ruanda que renunciara a dos pagos adicionales de 50 millones de libras, previstos para 2025 y 2026.
Kigali afirma que estaba dispuesta a renegociar las condiciones financieras tras la cancelación del tratado, pero denuncia que el Gobierno británico se negó a abrir cualquier negociación, manteniendo su negativa a efectuar los pagos comprometidos y a cumplir el compromiso paralelo de reubicar en Reino Unido a parte de los refugiados más vulnerables acogidos por Ruanda.
Ante lo que califica como una postura «intransigente» de Londres, el Ejecutivo ruandés considera que el arbitraje es la única vía posible para defender sus derechos contractuales. Al mismo tiempo, insiste en que sigue comprometido con la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria global, garantizando seguridad y oportunidades a refugiados y migrantes.
No es la primera vez que Ruanda exige compensaciones económicas. En marzo de 2025 ya reclamó 50 millones de libras por la paralización del plan, denunciando además medidas «punitivas» por parte de Londres, como la suspensión de ayuda bilateral y nuevas sanciones diplomáticas.
Desde el Reino Unido, un portavoz gubernamental ha asegurado que el Ejecutivo «defenderá con firmeza» su posición para «proteger a los contribuyentes británicos», reiterando que el acuerdo firmado por el anterior Gobierno conservador supuso —según el actual Ejecutivo— un despilfarro de recursos públicos.
El plan migratorio con Ruanda fue una de las principales apuestas del anterior Gobierno británico para frenar la inmigración ilegal, pero quedó bloqueado tras el dictamen del Tribunal Supremo, que cuestionó que el país africano pudiera considerarse un destino seguro. Pese a ello, Ruanda sostiene que realizó inversiones significativas en preparación del acuerdo y acusa ahora a Londres de incumplir sus compromisos internacionales.
