«Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa», dice.
Una crónica de Laura Serrano-Conde (EFE)
El Gobierno italiano y la concesionaria Autostrade per l’Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente que se derrumbó el martes en Génova (noroeste del país), continúan protagonizando un cruce de acusaciones a raíz del siniestro que ha causado al menos 38 muertos.
El Gobierno, que el miércoles pidió la dimisión de los directivos de Autostrade, continúa con la misma estrategia y apunta a la compañía como la responsable del suceso.
De hecho, el viceprimer ministro de Italia y titular de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, reiteró -tal y como hizo el miércoles el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte- la intención del Ejecutivo de iniciar un proceso para revocar la concesión a Autostrade: «Mantengo la línea del Gobierno, no es posible que se muera pagando un peaje», dijo Di Maio.
Baño de humildad
El también vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, atacó a la compañía y consideró que los directivos deberían darse «un baño de humildad» y ayudar económicamente a las familias de la víctimas.
«Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) 5 millones de euros, ellos deberían poner 500 millones sobre la mesa», argumentó, en referencia al paquete de medidas que el gabinete aprobó ayer para hacer frente a las intervenciones más urgentes.
Las críticas a la concesionaria italiana continuaron, después de que el ministro italiano de Infraestructuras, Danilo Toninelli, pidiera el miércoles a los directivos de Autostrade que presentaran su dimisión por estos hechos.
Caídas en Bolsa
Atlantia, que ha comprado junto a la constructora ACS la concesionaria española Abertis, se desplomó hoy un 22,26 % al cierre en la Bolsa de Milán y al inicio de la jornada no lograba marcar un precio.
La compañía ha salido al paso de las críticas contra su filial y ha cargado contra el Gobierno por realizar unas declaraciones que tienen importantes repercusiones para los accionistas y bonistas.
Además, ha culpado al Ejecutivo de haber anunciado un proceso para la revocación de la concesión a Autostrade «en ausencia de investigaciones sobre las causas reales del incidente».
Por otra parte, Atlantia ha recordado que, si se diera el escenario de que el Estado acabe retirando la concesión, corresponderá por ley al titular de esta licencia ver reconocida una penalización que debería pagar el Gobierno, ya que el permiso tiene validez hasta 2038.
Una sanción que podría ascender a 20.000 millones de euros, como reconoció Di Maio.
«Los 20.000 millones de penalización se pagan cuando se rompe un contrato sin ninguna motivación. Pero aquí estamos hablando de un contrato con Autostrade que preveía una serie de obligaciones que para nosotros no se han respetado», argumentó.
Di Maio -líder del Movimiento Cinco Estrellas, que gobierna Italia con la Liga- consideró que el número de muertos en el siniestro, que asciende provisionalmente a 38, justifica que se retire la concesión a Autostrade sin que el Estado tenga que pagar una multa.
Salvini, por su parte, lamentó en la red social Twitter que Atlantia «hable de dinero y de negocios, pidiendo a los italianos más dinero en caso de que se le retire la concesión».
