La ofensiva judicial contra las voces críticas con la inmigración masiva ha llegado ahora a Chequia. El líder del partido Libertad y Democracia Directa (SPD), Tomio Okamura, podría enfrentarse a hasta tres años de prisión por haber denunciado —con contundencia y crudeza— los efectos devastadores de las políticas migratorias impuestas por Bruselas.

La policía checa propuso el jueves 24 de julio que se presenten cargos contra Okamura por «incitación al odio» en relación con los carteles de campaña usados en las elecciones regionales de 2024. Uno de los afiches mostraba a un hombre negro ensangrentado con un cuchillo bajo el eslogan: «Las carencias en sanidad no se solucionan importando ‘cirujanos’». La frase ironizaba sobre el relato dominante en la UE que justifica la inmigración masiva como solución al déficit de trabajadores cualificados.

Otro cartel mostraba a dos jóvenes gitanos fumando, con frases como «Nos dicen que vayamos al colegio, pero a mis padres no les importa» y «Apoyo solo a las familias cuyos hijos van a la escuela». Una crítica evidente al uso clientelar de los subsidios sociales en comunidades que no cumplen con responsabilidades básicas como la escolarización.

El Parlamento checo ya había levantado la inmunidad parlamentaria de Okamura, abriendo la vía a su enjuiciamiento. Su respuesta ha sido tajante: «Quienes necesitan silenciar a sus oponentes con censura y cárcel han perdido el debate —y lo saben. Cuando el Estado castiga opiniones disidentes, no protege la democracia. La destruye», escribió en su cuenta de X.
La acusación llega en un momento clave. El SPD crece de forma sostenida en los sondeos y se proyecta como la tercera fuerza más votada de cara a las elecciones parlamentarias de octubre, con un 14% de apoyo. Sólo le superan la coalición de gobierno eurofilo Spolu (19%) y, por otra parte, el partido ANO del exprimer ministro Andrej Babiš (32%), también soberanista contrario a la inmigración.

Babiš, por su parte, también es blanco de un proceso judicial que se ha extendido durante décadas. Aunque fue absuelto, una reciente decisión judicial ha reabierto el caso, generando sospechas de maniobras políticas contra su candidatura. Sobre el caso de Okamura, incluso parlamentarios del partido de Babiš han expresado reservas. Radek Vondráček, diputado de ANO, calificó la campaña de Okamura como «estúpida y de mal gusto», pero advirtió: «Eso no significa que sea delito penal».

Lo que ocurre en Praga no es un caso aislado. Como en Francia con Marine Le Pen, o en Italia con Matteo Salvini, la maquinaria judicial se convierte en herramienta de persecución ideológica contra aquellos que desafían el consenso multiculturalista y defienden la soberanía nacional.