La política de asilo de Suecia vuelve a quedar en entredicho tras conocerse que un ciudadano iraní, beneficiado con el estatus de refugiado pese a reiterados informes negativos, ha sido ingresado en prisión preventiva como presunto autor de una violación. El caso ha reabierto el debate sobre el papel de los jueces legos de perfil político y el uso ideológico del sistema de protección internacional.

El hombre, de 41 años, solicitó asilo en Suecia hace más de siete años alegando inicialmente persecución política en Irán. La Agencia Sueca de Migración rechazó la petición al detectar contradicciones graves en su relato. Posteriormente presentó una nueva solicitud, esta vez afirmando ser homosexual y estar en riesgo en su país de origen, una versión que también fue desestimada por falta de credibilidad.

El giro llegó tras una protesta mediática de solicitantes de asilo en 2019. El caso fue revisado por el Tribunal de Migración de Gotemburgo, donde tanto el juez presidente como los abogados de la Agencia de Migración coincidieron en que no se cumplían los requisitos legales para conceder asilo. Sin embargo, tres jueces legos designados políticamente —dos del Partido Liberal y uno del Partido de la Izquierda— impusieron su criterio y otorgaron al solicitante el estatus de refugiado, la máxima protección prevista por la ley sueca.

En octubre de 2025, el mismo tribunal denegó al beneficiario la residencia permanente debido a antecedentes penales previos, alegando dudas fundadas sobre su conducta futura. Apenas dos meses después, en diciembre, fue detenido e ingresado en prisión preventiva tras ser acusado de violación, con el aval de la Fiscalía al apreciar indicios sólidos. La víctima alertó a la Policía poco después de los hechos y el sospechoso fue arrestado en menos de una hora.

Uno de los jueces legos que votó a favor del asilo, el veterano político liberal Staffan Josefsson, sigue ejerciendo como magistrado no profesional. Al ser preguntado por el caso, se limitó a afirmar que nadie puede prever cómo evolucionará una persona, eludiendo cualquier responsabilidad política o institucional por la decisión adoptada.

El episodio ha generado una fuerte indignación en Suecia, al poner de manifiesto un doble rasero en el sistema judicial y migratorio. Mientras se conceden protecciones reforzadas a solicitantes con expedientes cuestionables, el Estado fue incapaz de garantizar la seguridad de Salwan Najem, crítico del islam, que sufrió amenazas y ataques tras las quemas del Corán en 2023. Najem acabó solicitando asilo en Estados Unidos, después de que las autoridades suecas priorizaran la persecución de la blasfemia islámica frente a la protección efectiva de su vida.