Suecia, uno de los países europeos que durante años simbolizó el modelo de acogida masiva, ha decidido dar un giro radical a su política migratoria. El Gobierno ha anunciado una reforma que eliminará la residencia permanente para inmigrantes y establecerá como norma general los permisos temporales.

El proyecto legislativo, que podría entrar en vigor el 12 de julio, plantea que quienes obtengan asilo o cualquier tipo de protección internacional ya no podrán acceder automáticamente a la residencia permanente tras un determinado periodo. La medida afectará de forma amplia a refugiados, beneficiarios de protección subsidiaria y personas reasentadas.

La reforma supone además la eliminación de vías excepcionales que hasta ahora permitían regularizar situaciones por razones humanitarias, vínculos familiares o imposibilidad de ejecutar deportaciones. En la práctica, el sistema migratorio sueco pasará a estar basado en la provisionalidad, incluso para aquellos que ya han sido admitidos legalmente en el país.

Este endurecimiento se enmarca en la transformación progresiva del modelo sueco desde la crisis migratoria de 2015, cuando el país comenzó a revisar su política de fronteras abiertas ante el aumento sostenido de llegadas y los problemas de integración derivados.

En paralelo, el Ejecutivo prepara nuevas restricciones en materia de reagrupación familiar, en un contexto de creciente polémica por las denominadas «deportaciones de adolescentes», casos en los que jóvenes inmigrantes son expulsados mientras sus padres permanecen legalmente en el país.

Con este movimiento, Suecia consolida un cambio de paradigma en el norte de Europa: del modelo de acogida permanente al control migratorio basado en la temporalidad, la revisión constante y la limitación de derechos adquiridos.