Un ciudadano de origen sirio ha sido acusado en Suecia de abusar de al menos 13 ancianos mientras trabajaba en el servicio público de atención domiciliaria, en un caso que ha generado una fuerte conmoción en el país. El sospechoso, de 22 años, está siendo investigado por múltiples delitos, entre ellos agresión, acoso y grabaciones ilegales, tras una denuncia que incluye a víctimas de edad muy avanzada, entre ellas una mujer de 99 años. Dos de los afectados han fallecido desde entonces.
Según la acusación, el trabajador no sólo habría maltratado física y verbalmente a los ancianos, sino que incluso grababa algunas de las agresiones con su teléfono móvil. Las imágenes salieron a la luz en el marco de otra investigación penal, lo que permitió destapar el caso.
Entre los episodios recogidos, se describe cómo una mujer de 92 años fue humillada e intimidada, mientras que un hombre de 81 habría sido sometido a abusos durante su aseo, incluyendo exposición a temperaturas extremas del agua. Además, el acusado habría proferido insultos en árabe contra las víctimas durante los hechos.
El caso adquiere una dimensión aún más grave al conocerse que el sospechoso ya contaba con antecedentes por violencia y amenazas. En el pasado, había participado en agresiones contra menores junto a otros individuos, en episodios que incluyeron golpes, cabezazos e incluso amenazas con armas.
Pese a este historial, el joven trabajaba en el sistema público de atención a mayores en la ciudad de Örebro. El acusado llegó a Suecia durante la crisis migratoria de 2015 y obtuvo la nacionalidad en 2018, lo que dificulta su posible expulsión del país bajo la legislación vigente.
Durante la investigación, fue suspendido temporalmente, pero posteriormente regresó a su puesto antes de ser finalmente detenido en enero. El caso ha puesto en cuestión los mecanismos de control en los servicios sociales y la gestión de personal en sectores sensibles, especialmente cuando se trata de colectivos vulnerables como las personas mayores.
Las autoridades locales han calificado los hechos de «extremadamente graves», mientras crece el debate sobre la seguridad, la supervisión institucional y las consecuencias de determinadas políticas en el ámbito social.
