Suecia ha presentado un proyecto legislativo que profundiza el endurecimiento de su política migratoria, en línea con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo desde su llegada al poder en 2022. La iniciativa introduce el requisito de mantener una “vida honesta” como condición para conservar el permiso de residencia.
El anuncio, realizado el 24 de marzo, establece que las autoridades podrán revocar permisos de residencia incluso en ausencia de condena penal. Según el planteamiento gubernamental, bastará con que se determine que una persona no cumple con dicho estándar de conducta. El ministro de Migración, Johan Forssell, ha señalado que la medida responde a la necesidad de reforzar no solo el cumplimiento de las leyes, sino también el comportamiento responsable dentro de la sociedad.
Entre los supuestos contemplados figuran el impago de deudas, el incumplimiento de decisiones administrativas, el uso indebido de prestaciones públicas o la obtención fraudulenta de permisos. Asimismo, se incluyen prácticas como el trabajo sin tributación o la falta de pago de sanciones. En estos casos, las autoridades podrían proceder a la revocación del permiso de residencia y, en su caso, a la expulsión.
El proyecto amplía además los criterios al considerar posibles amenazas para la seguridad o la existencia de información falsa en solicitudes migratorias. También introduce la posibilidad de valorar declaraciones o expresiones como indicios complementarios, particularmente en contextos vinculados al radicalismo o yihadismo, aunque el Gobierno subraya que no constituyen pruebas autónomas.
Si el Parlamento aprueba la propuesta, su entrada en vigor está prevista para el 13 de julio.
