El Gobierno sueco ha anunciado una de las medidas más restrictivas contra la inmigración ilegal hasta la fecha, al confirmar que seguirá adelante con una reforma que obligará a distintas administraciones públicas a informar a la policía sobre extranjeros en situación irregular.
La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Parlamento, forma parte de un paquete más amplio de cambios legislativos orientados a reforzar las expulsiones y el control migratorio, incluyendo también un mayor uso de datos biométricos. De salir adelante, las nuevas normas entrarían en vigor a mediados de julio.
El Ejecutivo, una coalición de derechas apoyada por los Demócratas de Suecia, defiende que en el país existe una «sociedad en la sombra» formada por más de 100.000 personas sin documentación en regla. Según el ministro de Migración, Johan Forssell, no actuar frente a esta situación podría consolidar una estructura paralela fuera del control del Estado.
La iniciativa plantea que hasta seis organismos públicos —como la agencia tributaria, la seguridad social o los servicios de empleo— estén obligados a compartir información con las fuerzas de seguridad cuando detecten indicios de estancia irregular. Desde el Gobierno consideran incoherente que estas entidades dispongan de datos relevantes para ejecutar órdenes de expulsión y no puedan facilitarlos por las actuales normas de confidencialidad.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del actual Gobierno sueco, que llegó al poder en 2022 con el compromiso de endurecer las políticas migratorias y combatir la delincuencia, y que busca acelerar la aprobación de reformas antes de las próximas elecciones legislativas.
