Suecia endurece aún más su política migratoria con un nuevo paquete de medidas que entrará en vigor en el verano de 2026 y que elevará de forma significativa los requisitos para trabajar y residir en el país. El Gobierno liderado por el primer ministro Ulf Kristersson, con el respaldo parlamentario de los Demócratas Suecos, pretende así frenar la llegada de inmigración considerada poco cualificada y revertir el impacto que, según el Ejecutivo, ha tenido la inmigración masiva en la seguridad y la cohesión social.
Uno de los cambios clave será el aumento del salario mínimo exigido para obtener o mantener un permiso de residencia por trabajo. A partir de esa fecha, los extranjeros deberán acreditar unos ingresos mensuales de al menos 33.000 coronas suecas, equivalentes a unos 3.300 euros. Hasta ahora el umbral rondaba los 3.000 euros. Con esta subida, el Gobierno busca priorizar perfiles con mayor cualificación y reforzar el mercado laboral.
El ministro de Migración, Johan Forssell, ha defendido que el objetivo es atraer talento y garantizar que quienes llegan al país puedan mantenerse por sí mismos. Según el Ejecutivo, este giro responde a la necesidad de recuperar el control tras años de políticas que, a su juicio, no exigían suficientes condiciones y contribuyeron al deterioro de la seguridad en determinadas zonas urbanas.
El endurecimiento no se limita al ámbito laboral. En los últimos años, Suecia ha eliminado mecanismos que permitían a solicitantes de asilo rechazados permanecer en el país si encontraban trabajo. Desde abril de 2025, el denominado cambio de estatus dejó de aplicarse, lo que ha reducido las vías de regularización. Asimismo, ya no es automático que los menores obtengan residencia permanente tras tres años; deben demostrar continuidad en los permisos temporales y cumplir criterios más estrictos.
La reforma también afecta a jóvenes que han crecido en el país. Al alcanzar la mayoría de edad, muchos pasan a estar sujetos a normas más severas. Algunos casos mediáticos han puesto el foco en esta situación, como el de dos hermanas residentes durante años en Gotemburgo que fueron expulsadas tras abandonar sus estudios. Posteriormente se estableció una moratoria temporal para determinados destinos.
Otro episodio que generó atención pública fue el de un bebé de ocho meses, Emanuel, cuya solicitud de residencia fue rechazada pese a que sus padres trabajaban legalmente en Suecia. El propio Kristersson calificó el caso de «muy extraño» y aseguró que no se producen deportaciones de menores sin sus familias. Sin embargo, el caso evidenció la complejidad del sistema tras múltiples reformas acumuladas.
El Parlamento sueco refleja el debate social que atraviesa el país. Mientras el Gobierno insiste en reforzar los controles y acelerar las expulsiones tras una denegación, partidos de la oposición han planteado revisar algunos aspectos, como la edad a partir de la cual los vínculos familiares pierden peso o la recuperación de cláusulas humanitarias. Incluso sectores socialdemócratas han pedido una pausa en determinadas deportaciones hasta clarificar el marco legal.
