Si Rotherham constituyó un escándalo al relevar que durante diez años la policía británica permitió la trata de menores británicas por bandas paquistaníes durante diez años por miedo a ser calificada de racista, lo de Telford es aún más dramático y significativo.
Más de cuarenta años han pasado las autoridades sin actuar pese a las repetidas alertas, frente a un millar de niñas abusadas sexualmente, algunas de no más de 11 años, en la población de Telford, en el Shopshire.
La crónica se lee como una novela de terror. Mil niñas drogadas, brutalmente maltratadas y violadas por una banda que opera desde los años ochenta para su posterior prostitución. A lo largo de cuarenta años. Una colegiala de 15 años se quedó embarazada seis veces en cuatro años, informa el Daily Mirror: dos hijos de dos padres distintos, tres abortos provocados y uno espontáneo.
Las autoridades lo taparon
Tres personas fueron asesinadas y otras dos murieron en tragedias asociadas al escándalo. Los registros municipales prueban que los servicios sociales, los docentes y los servicios de salud mental estaban al tanto y apenas hicieron nada; por supuesto, no denunciaron el caso a la policía. Un informe policial muestra que los agentes destruyeron pruebas forenses.
Cifras del Ministerio del Interior muestran que se denunciaron 15,1 delitos sexuales contra menores por cada 10.000 residentes en 2015. Telford tiene una población de 155.000 habitantes, lo que significa 225 víctimas potenciales.
La diputada conservadora por Telford, Lucy Allan, ya había pedido una investigación como la que se acabó llevando a cabo en Rotherham para descubrir la verdad de las acusaciones, y calificó los últimos informes al respecto de «extremadamente graves y escandalosos».
«Debe haber ya una investigación independientes sobre la explotación sexual de menores en Telford para que la comunidad pueda tener confianza absoluta en las autoridades», declaró Allan al Mail.
Penúltimo cuento de terror en Gran Bretaña para recordar que la corrección política no es solo una forma de censura en el debate público, sino una potencial fuente de delitos gravísimos que se perpetúan por el temor a los guardianes de la pureza progresista.