La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha defendido este martes en la Eurocámara el Pacto Verde como una herramienta «positiva para la economía» y ha dicho que ha sido «un motor de modernización». La agenda fue impulsada y aprobada por populares, socialistas y liberales, y constituye una ruina para el sector primario y la industria europea.
Ribera ha reconocido que «nadie lo ha cumplido al 100%» y que «a veces podemos entrar en reglamentos muy pormenorizados que pueden suponer demasiadas obligaciones de información para las empresas». Pese a estas dificultades, ha insistido en la necesidad de «mantener los objetivos» del paquete climático.
La intervención de la comisaria ha sido contestada por el eurodiputado de VOX Jorge Martín Frías, quien ha puesto cifras al coste económico de esta agenda: «Usted es una de las principales defensoras del Pacto Verde Europeo, que ha contribuido a incrementar los costes administrativos para las empresas europeas hasta representar aproximadamente el 1,3% del PIB comunitario, es decir, alrededor de 150.000 millones de euros».
Martín Frías ha advertido que esta sobrecarga regulatoria «permite a la competencia reducir la productividad y aumentar los costes para las empresas». «En los últimos cinco años, mientras Estados Unidos promulgó 3.500 leyes y 2.000 resoluciones, la Unión Europea aprobó 13.000 normas», ha agregado.
El eurodiputado también ha cuestionado a Ribera por la reciente aprobación de la propuesta Stop the Clock, que plantea suspender temporalmente la tramitación de nuevas regulaciones derivadas del Pacto Verde: «¿Qué ha cambiado para que ahora sea urgente paralizar unas legislaciones que ustedes aprobaron? ¿Y si no es bueno para ahora, por qué no derogarlo?».
La comisaria ha evitado responder con claridad, limitándose a defender el enfoque actual de la Comisión y a elogiar herramientas como la «taxonomía verde», un sistema que cataloga las actividades económicas según su impacto ambiental.
