Mahamad Almousa, un sirio de 26 años, ha sido condenado a un año de prisión y diez años de expulsión tras abusar sexualmente de una mujer de 67 años que se encontraba a su cargo en la ciudad de Vänersborg. La víctima murió apenas dos semanas después del ataque, según confirmaron las autoridades.
El crimen ocurrió la mañana del 3 de abril de 2024. La anciana llamó a su hijo en medio de gritos desesperados para decirle que un trabajador del servicio de atención domiciliaria la había agredido. Poco después, identificó al agresor: Almousa, un empleado de origen sirio que trabajaba en el sistema de salud local.
La mujer relató a los investigadores que el hombre le tocó los pechos bajo la ropa, se subió encima de ella en la cama y gimió mientras ella intentaba apartarlo sin éxito, demasiado débil para resistir. El tribunal desestimó la versión del acusado —que alegó que la víctima “había consentido” el contacto— al considerar que la frágil salud de la mujer hacía imposible tal escenario.
El sirio fue declarado culpable de agresión sexual agravada y obligado a pagar 152.000 coronas (13.800 euros) a la familia de la víctima, quien falleció el 20 de abril, dos semanas después de los hechos. La causa exacta de la muerte no ha sido esclarecida, aunque el agresor permanecía ya bajo custodia.
El caso se suma a una serie de agresiones sexuales cometidas por inmigrantes empleados en el sistema de cuidados europeo. En Austria, un afgano de 26 años fue arrestado en septiembre tras violar a una anciana de 82 años con demencia, mientras que en Suecia otro iraquí de 33 años enfrenta cargos por violar a tres mujeres mayores en Umeå. En Francia, un haitiano fue condenado en 2024 por intentar violar a una residente de 102 años en una residencia de Rouen.
Estos crímenes, cometidos dentro de instituciones financiadas por el Estado, reflejan el colapso moral y de control del modelo de acogida europeo. En nombre de una falsa “solidaridad”, miles de plazas en servicios sociales y sanitarios se entregan sin verificación adecuada a individuos que, en demasiados casos, terminan atacando a los más vulnerables: las mujeres y los ancianos que deberían proteger.
