Un informe elaborado por el centro de estudios finlandés Suomen Perusta ha desvelado que el coste neto de un solicitante de asilo para el contribuyente finlandés asciende a aproximadamente 730.000 € a lo largo de su vida. Esta cifra, que coincide casi exactamente con los cálculos del equipo holandés liderado por Jan van de Beek (660.000 euros por persona), refleja la enorme carga fiscal que genera este perfil migratorio. Lo llamativo es que ambos estudios se llevaron a cabo en países distintos, en periodos diferentes y de manera independiente, pero alcanzaron conclusiones prácticamente idénticas.
El análisis finlandés se ha centrado en dos oleadas concretas: solicitantes de asilo llegados desde Irak y Somalia, que constituyen los principales orígenes de este tipo de inmigración en el país. La investigación, publicada inicialmente en 2015 y ampliada en 2019 y ahora, utilizó datos registrales detallados sobre impuestos pagados, ayudas percibidas y uso de servicios públicos. Al igual que en Dinamarca y los Países Bajos, el resultado es concluyente: únicamente los inmigrantes procedentes de países occidentales presentan un impacto fiscal semejante al de la población nativa, mientras que el resto se sitúa en valores negativos.
En la práctica, los informes coinciden en un patrón claro. Los nacionales llegados de Oriente Medio y del norte de África suponen, de media, 20.000 euros menos de aportación fiscal anual que los ciudadanos locales de la misma edad. Los inmigrantes de otras regiones no occidentales también se sitúan por debajo, aunque con diferencias variables: en Dinamarca los resultados fueron unos –11.000 euros, mientras que en Finlandia rondaron los –8.000 euros. La principal excepción la constituyen los inmigrantes de Europa occidental, Norteamérica y Asia avanzada (Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán), cuyos saldos fiscales resultan similares o incluso positivos.
Los trabajos danés (2023) y holandés (2023) se convirtieron en referencia internacional porque cumplen dos requisitos esenciales: se basan en registros administrativos —y no en estimaciones poco realistas— y diferencian entre grupos de inmigrantes, algo clave para diseñar políticas migratorias ajustadas a la realidad. En el caso danés, el cálculo refleja un único año fiscal, mientras que el estudio neerlandés incorpora el ciclo vital completo, es decir, también los elevados costes de la vejez.
La investigación finlandesa ha replicado ambos enfoques: por un lado, el análisis anual de 2015, comparable al danés, y por otro, el estudio de 2019 centrado en los efectos de por vida, como el holandés. Los resultados son consistentes: los inmigrantes occidentales aportan tanto como los nativos, pero el resto de colectivos, especialmente los originarios de Irak y Somalia, generan déficits fiscales de enorme magnitud.
Los datos desglosados por país de nacimiento lo reflejan con claridad. Mientras que un inmigrante alemán supone de media un saldo positivo de algo más de 1.000 euros, los originarios de Somalia (-26.850 euros), Irak (-22.860 euros) o Turquía (-11.330 euros) presentan pérdidas muy elevadas en comparación con la población autóctona. En conjunto, todos los nacidos en el extranjero en Finlandia generan un saldo negativo de –8.960 euros anuales frente a los nativos.
El problema, subraya Suomen Perusta, es que el discurso público en Finlandia suele basarse en la premisa errónea de que los inmigrantes se integran económicamente al mismo nivel que los autóctonos. Los datos demuestran lo contrario: la única ventaja aparente es que llegan en edad laboral, pero sin haber pasado por la infancia en Finlandia, lo que dificulta el aprendizaje del idioma y la adaptación al sistema educativo. Además, las segundas generaciones presentan también peores resultados escolares y una mayor dependencia de ayudas sociales que los jóvenes nativos.
En resumen, la comparación internacional refuerza la misma conclusión: desde la óptica fiscal, sólo un número muy limitado de categorías migratorias resulta beneficioso para las arcas públicas. La inmigración de alta cualificación procedente de países occidentales y de algunas economías asiáticas presenta un saldo positivo. Sin embargo, el grueso de los flujos actuales hacia Finlandia, Dinamarca u Holanda —especialmente los solicitantes de asilo de Oriente Medio y África— supone una carga de cientos de miles de euros por persona a lo largo de su vida.
